La Contraloría emitió el informe borrador del examen especial a Correos del Ecuador, en donde identificó pérdidas en la empresa pública. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
Un informe preliminar de la Contraloría General del Estado sobre la empresa pública Correos del Ecuador determina que la entidad resultó perjudicada con USD 298 543 tras la eliminación del Servicio de Transferencia Internacional de Dinero. Dicho sistema fue eliminado en septiembre del 2017, pese a que generaba importantes ingresos.
La tarde de este lunes 10 de junio del 2019 se dio lectura al informe borrador del examen especial que analiza los ingresos, gastos y a los procesos precontractuales, contractuales ejecución, pago y liquidación de los contratos de adquisición de obra, bienes y servicios, incluidos los de consultoría; y al proyecto de Automatización y Mecanización del proceso de clasificación de centros nacionales de procesamiento de Quito y Guayaquil. La auditoría va entre el 1 de enero del 2012 al 31 de julio del 2018.
El equipo auditor concluyó que se eliminó el Servicio de Transferencia sin considerar que en 2016 produjo ingresos por USD 182 370 a favor de Correos del Ecuador. La empresa pública justificó el cierre del sistema por supuestas pérdidas, valoradas en USD 7 103 en el 2016. Según Contraloría, esas pérdidas no fueron reales.
Por otro lado, en julio del 2015 la empresa arrendó una bodega, ubicada en Pifo, (nororiente de Quito) por la suma de USD 267 534, por un plazo de 12 meses. Ahí se almacenaron textos escolares del Ministerio de Educación y productos alimenticios de Proalimentos.
Correos incumplió el contrato de distribución con Proalimentos, por lo que firmó un contrato complementario de arriendo, de 4 meses adicionales, pagando USD 96 305 por este concepto. A criterio de los auditores, esos recursos debieron ser asumidos por las personas responsables en ejecutar las entregas de Proalimentos.
Durante la lectura del documento borrador, al menos cinco exfuncionarios de la empresa pública informaron que fueron notificados de la acción de control apenas la semana pasada. El equipo auditor explicó que, por ley, las personas mencionadas en el informe tiene un plazo de cinco días hábiles para presentar elementos de descargo.