Redacción Judicial
Las instituciones del Sistema Nacional de Inteligencia ahora tienen la obligación de “detectar las fugas de información” de sus agencias.
En el proyecto de ley
El ministro de Defensa, Javier Ponce, dijo que se sacará a FF.AA. de los comités que no tienen que ver con la defensa, como del de licitación de Petroecuador.
Cuando las capacidades de la Policía sean rebasadas, Fuerzas Armadas podrá intervenir sin necesidad de que se declare el estado de excepción.
El Ministerio de Gobierno, con un análisis interno previo, será el encargado de definir cuándo pueden intervenir las FF.AA.
El Ministerio de Relaciones Exteriores integrará el Comité de Seguridad, planteado en el proyecto de Ley de Seguridad.
La normativa rige desde anteayer, tras la publicación del Decreto Ejecutivo 1768 suscrito por el presidente Rafael Correa, publicado en el Registro Oficial 613. Dicho instrumento legal dio vida oficial a la Secretaría de Inteligencia, en reemplazo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que estaba adscrita al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).
El documento dice que los servicios de Inteligencia de la Policía, las FF.AA. y Carondelet deben precautelar que no se menoscaben las garantías constitucionales de los ciudadanos.
La Secretaría no está contemplada en la Ley de Seguridad Nacional, que rige desde 1979. De hecho, la Presidencia de la República propuso incluirla en el proyecto de Ley de Seguridad Pública y del Estado, que aún se debate en la Comisión Legislativa.
El ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, defendió la creación vía Decreto. “Queremos entrar a organizarla, porque el proceso es complejo: hay que seleccionar al personal, definir procedimientos. El Decreto dejará de regir cuando se apruebe la Ley”. La Secretaría depende del Ministerio de Seguridad.
Según el Decreto, los funcionarios que laboran en la DNI podrán sumarse a la Secretaría, con una evaluación previa. “En caso de existir cargos innecesarios, el Secretario podrá aplicar un proceso de suspensión de puestos”.
En tanto, el Gobierno busca legitimar el debate del proyecto de Ley de Seguridad. Ayer, Carvajal y el ministro de Defensa, Javier
Ponce, señalaron que es necesario el uso de fondos reservados para comprar información clasificada y financiar las operaciones secretas de la Policía y las FF.AA.
Carvajal dijo que el dinero saldrá del Presupuesto del Estado y que el apoyo extranjero se receptará a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. “No aceptaremos acuerdos verbales o que se den sin conocimiento de las autoridades”, agregó Ponce.
Destacaron que, con la nueva Ley, la información secreta podría desclasificarse de forma inmediata, a través de un pedido ciudadano o de algún ente judicial. “Eso se aplicará en los casos donde haya indicios de que se violaron los DD.HH.”, dijo Carvajal.
No podemos esperar, agregó, a que pasen 15 años -como ahora- para acceder a la información que pudiera resolver un caso. “Eso tiene que hacerse público”.
En ese sentido, también se dijo que las acciones de Inteligencia contra ciudadanos se harán solo con la autorización de juez competente. “El juez podrá negarse a dar la orden si no se justifica”.
El proyecto de Ley plantea la creación del Comité de Seguridad en sustitución del Cosena, el cual tendrá la misión de definir las políticas de seguridad e Inteligencia del Estado.
La Secretaría de Inteligencia dependerá del Comité y llevará a la práctica esas políticas. El Mando militar cuestionó la semana pasada la propuesta de entregar a la misma persona la cabeza del Comité y de la Secretaría. Carvajal señaló ayer que se estudia una modificación: que el Comité sea dirigido por el Ministro de Seguridad y que el Ejecutivo nombre al principal de la Secretaría (que puede ser civil o militar) con rango de viceministro.
Sin embargo, se conservaría la propuesta de otorgar al Presidente de la República las riendas de Inteligencia, lo cual es criticado por académicos como Bertha García y por militares en retiro.
Luis Hernández, coronel (r) y asambleísta de la comisión de Relaciones Exteriores que analiza el proyecto de Ley en la Comisión Legislativa, aseguró que si esto se concreta se faltará a un principio de democracia.
“La persona que dirija la Secretaría no puede trabajar directamente con el Presidente”, comentó. “Se necesita al menos dos filtros para que desarrolle un trabajo independiente”.
Carvajal respondió que la Secretaría estará bajo la lupa de la Contraloría General del Estado, en lo referente a cuentas, y la Asamblea, en el manejo político. “La Secretaría coordinará las acciones de Inteligencia en beneficio del Estado, no defenderá los intereses del Gobierno”, sostuvo.
El Decreto Ejecutivo 1768. Anteayer, la nueva Secretaría de Inteligencia adquirió vida jurídica. Funcionará hasta que se apruebe la Ley de Seguridad Pública.