20 de June de 2009 00:00

Correa firmó decreto que prohíbe la contratación pública con familiares de funcionarios

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Quito, AFP

El presidente Rafael Correa prohibió la contratación pública con familiares de funcionarios a través de un decreto suscrito hoy, tras el escándalo desatado por unos millonarias licitaciones adjudicadas a su hermano.

“Se va evitar que familiares de funcionarios contraten con el Estado, tanto personas naturales como accionistas de personas jurídicas”, afirmó Correa durante su programa semanal de radio y televisión.

El mandatario increpó a su hermano Fabricio Correa por haber suscrito contratos públicos y expuesto al Gobierno a las críticas de la prensa, con la que mantiene un duro pulso por el posible cierre de un canal crítico de televisión.

“Lamento que haya ocurrido esto, a pesar de que, insisto, hasta ahora nadie me ha demostrado algún perjuicio al Estado (...), pero mi hermano debió cuidar al Presidente y a la revolución ciudadana sabiendo cuántos buitres tenemos rondando nuestras cabezas”, declaró.

Fabricio Correa es dueño de dos empresas y dos consorcios que suscribieron contratos con el Estado por 80 millones de dólares, según el diario Expreso.

Los organismos de control y el Congreso, dominado por el oficialismo, abrieron sendas investigaciones para determinar si Correa incurrió en tráfico de influencias o alguna otra irregularidad en la adjudicación de las obras.

El mandatario insistió en sus críticas a su hermano. “Les tengo que decir, con toda sinceridad, que yo de mi hermano nunca hubiera hecho eso (...), él sabe cuántos buitres están rondando nuestra cabeza, que van a aprovechar cualquier cosa para boicotear” al Gobierno, indicó.

A través del mismo decreto, Correa también prohibió los contratos con empresas “de papel cuyos accionistas estén domiciliados en los llamados paraísos fiscales”, y dispuso que ninguna compañía contratista en el sector público pueda transferir sus activos sin permiso del Estado.

Al respecto el mandatario advirtió que varios periódicos no podrán recibir más publicidad oficial porque son “empresas de papel” o sus accionistas están en paraísos fiscales.

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