10 de September de 2009 00:00

Correa analiza un plan de nacionalizaciones

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Redacción Negocios

El Gobierno consolida la figura ‘estatal’ en los sectores estratégicos del país. Hasta el 12 de septiembre próximo el Ministerio de Petróleos debe entregar un informe a la Presidencia sobre todos los contratos en el área petrolera. El objetivo: “Identificar, principalmente, aquellos que son lesivos para el Estado”.

Así lo solicita el ministro de los Sectores Estratégicos, Galo Borja, en una misiva enviada al titular de Petróleos, Germánico Pinto.

En la carta del 12 de agosto pasado, Borja dice que el pedido se efectúa porque el Jefe de Estado “ha planteado el Compromiso Presidencial: Análisis para Nacionalización de Transnacionales”.

Tras ser consultado sobre el alcance de este compromiso, Borja indicó ayer, por teléfono, que: “No nos estamos yendo contra nadie. Queremos tener la certeza de que todo lo que se ha hecho antes se ha hecho con legitimidad”.

Señaló que la información se requiere dentro del proceso de negociación de contratos que se efectúa con las petroleras privadas y que se iniciará en octubre.

“Estamos revisando absolutamente todo, estamos haciendo una reestructuración de los sectores estratégicos. En los mismos términos envié cartas a otros ministros para que analicen la legitimidad de todos los contratos”.

Si se encuentra que algo no se ha hecho bien, dijo que se pedirá a los organismos de control que investiguen y, si fuera el caso, inicien un proceso de reversión.

Pero el Presidente pide fechas. El informe sobre los contratos debe tener datos de su situación, recomendaciones y “un cronograma de actividades claves” para “reinvindicar los derechos del Estado ecuatoriano”, dice la misiva.

En los últimos dos años y nueve meses, la presencia del Estado ha crecido en el sector petrolero. Sus estatales Petroecuador y Petroamazonas han asumido la operación de campos que las privadas acordaron ceder.

Petroecuador asumió el bloque 27, luego de que fracasó la negociación con City Oriente. Petroamazonas asumió el bloque 31, tras un acuerdo con su anterior operadora, Petrobras.

Pero el país también ha reforzado lazos con socios estatales de otros países. Pero analistas consultados señalan que estas alianzas buscan objetivos políticos más que  aportes técnico o financiero.

Ecuador ha adjudicado de manera directa y sin concurso sus principales proyectos energéticos con la aspiración de lograr recursos, pero en algunos casos estos dineros no se verán.

En este grupo está la  argentina Enarsa, que tiene 30% de acciones en el proyecto Coca-Codo. Se trata del proyecto de generación eléctrica más grande del país; por sí solo, abastecerá  al 75% del territorio nacional. Pero Enarsa no pondrá capital, sino una garantía para conseguir un crédito con el banco estatal chino Ex-Im Bank.

“Una alianza es interesante con países o firmas que aporten con tecnología o financiamiento, pero no se puede firmar una alianza donde el financiamiento lo van a conseguir los dos socios que no tienen plata”, dice  el analista energético Edmundo Brown.

Algo similar sucede con la refinería del Pacífico. Allí los socios, Petroecuador y la venezolana Pdvsa, buscarán crédito para financiar el 70% del proyecto. 

El consultor Héctor Paz y Miño señala que antes de pensar en una alianza se debe contestar la pregunta: ¿Las alianzas han sido diseñadas en torno a un objetivo concreto, de acuerdo con estudios, planes de desarrollo y presupuestos definidos?

Luego se debiera evaluar si el socio reúne las condiciones técnicas y económicas, indica. Paz y Miño duda que Pdvsa, que participa en un 30% en el desarrollo del campo Sacha, tenga la capacidad técnica y financiera. Con 49 780 barriles diarios, Sacha es el  área petrolera estatal más importante del país.

Requiere de USD 621 millones de inversión para subir su producción a 70 000 barriles diarios de crudo, pero Pdvsa pondrá solo USD 186,3 millones de lo requerido. Petroecuador debe buscar el resto. “Si Pdvsa para sus propios campos tiene serios problemas, difícilmente podrá aportar valor agregado para el país”, comenta.

Para el ex asambleísta León Roldós, Pdvsa no está arriesgando en este campo, ya que el área cuenta con reservas probadas. “Es un tema político más que técnico”.

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