24 de marzo de 2020 20:53

Primera sesión virtual de la Asamblea arrojó una resolución de 17 puntos

En la foto, la sesión No. 659 de la Asamblea Nacional en modalidad virtual este 24 de marzo del 2020. Los asambleístas conocieron el proyecto de resolución de compromiso político y social frente a la emergencia sanitaria del coronavirus (covid-19). Foto:

En la foto, la sesión No. 659 de la Asamblea Nacional en modalidad virtual este 24 de marzo del 2020. Los asambleístas conocieron el proyecto de resolución de compromiso político y social frente a la emergencia sanitaria del coronavirus (covid-19). Foto: Flickr / Asamblea Nacional / Fernando Sandoval

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Roger Velez
Redactor (I)

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Con una resolución de 17 artículos frente a la crisis derivada de la pandemia de la nueva cepa de coronavirus (covid-19) concluyó hoy, martes 24 de marzo del 2020, la primera sesión virtual del Pleno de la Asamblea.

El documento pudo haber sido aprobado por unanimidad, de no ser porque 5 de los 125 legisladores que se registraron para la votación decidieron abstenerse debido a fallas en el sistema informático.

Para la votación se habilitó un acceso remoto a las curules que usan los legisladores en el hemiciclo del Parlamento, el cual no volverá a abrir sus puertas mientras duren las medidas de confinamiento por la emergencia sanitaria.

"Es una reunión histórica. Nunca antes esta Función había sesionado de esta forma", dijo el presidente del Parlamento, César Litardo (AP) al concluir la jornada.

La resolución fue aprobada con 120 votos, después de cinco horas y media de discusión. Del debate participaron 31 legisladores, aunque 70 habían pedido intervenir.

Los parlamentarios de todas las fuerzas políticas se solidarizaron con las víctimas de la pandemia, llamaron a la unidad nacional y se comprometieron a promover reformas legales para afrontar la crisis.

A su vez, pidieron al Gobierno que emprenda acciones como la renegociación de la deuda externa, que se revisen tributos, tasas de interés...

También demandaron que la Cancillería busque solucionar el conflicto que atraviesan cientos de ecuatorianos que no pueden regresar al país vía aérea debido a la restricción de vuelos.

El Parlamento requirió que los recursos del Estado se orienten a responder a la emergencia, aunque dejó pendiente un pedido de la asambleísta independiente Mae Montaño para que dos días del salario de los legisladores sirvan para un fondo de ayuda a los más necesitados.

Durante la sesión hubo menos interrupciones de las que se acostumbran cuando debaten en el hemiciclo. Esta vez, tampoco hubo pedidos de modificar el orden del día del Pleno.

Sin embargo, fallas de conexión de Internet provocaron que asambleístas como Rubén Bustamante (AP), Fernando Flores (Creo) no pudieran concluir con sus discursos.

Para participar del debate, los legisladores se colocaron frente a la cámara de sus ordenadores. A las espaldas de algunos se veían libros o simplemente los adornos que se colocan en las salas. Ninguno estuvo de traje y corbata.

La resolución aprobada dice:

Artículo 1.- Expresar nuestra solidaridad a las personas y familias que se encuentran afectadas por el coronavirus, COVID-19, y lamentar la pérdida de vidas producto de la pandemia.

Asimismo, agradecer por su entrega y trabajo comprometido en favor de la sociedad a todo el personal de salud; de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Metropolitana y Municipal; a los trabajadores de los sectores estratégicos; y, a quienes conforman la cadena alimentaria, por garantizar la seguridad, el abastecimiento de alimentos, el funcionamiento de los servicios básicos y del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 2.- Hacer un llamado a la unidad nacional ante la delicada situación sanitaria y económica que atraviesa el país por el COVID-19, para que, en el marco del respeto a la Constitución y la Ley, se acaten las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional a través de la declaratoria del estado de excepción, el dictamen sobre el estado de excepción de la Corte Constitucional, y aquellas referentes a la salud y seguridad que emanen del Comité de Operaciones de Emergencia - COE Nacional-, especialmente aquellas sobre restricción de movilidad, distanciamiento social y normas sanitarias, donde prevalecerán los principios de orden, hermandad, colaboración y solidaridad entre los ecuatorianos.

Además, considerando las graves consecuencias que la pandemia está provocando en la sociedad, requerir que, de forma urgente, se convoque al Consejo de Seguridad del Estado para que en coordinación con todas las funciones del Estado se adopten las medidas y acciones necesarias para enfrentar la emergencia, en el marco de la Ley de Seguridad Pública y del Estado y respetando las competencias de todas las funciones del Estado.

Artículo 3 .- Reconocer el rol trascendental que desempeña el Sistema Nacional de Salud Pública y la política de protección social, razón por la que se debe garantizar la estabilidad laboral del personal de salud; asignar de manera urgente los recursos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria; fortalecer las condiciones del servicio, contratación de nuevo personal y su bioseguridad; adecuar y habilitar suficientes hospitales, acreditar laboratorios para pruebas diagnósticas del COVID-19 en todas las provincias y cantones más poblados del país; y, acelerar la importación de test de diagnósticos, respiradores, insumos y dispositivos médicos para dotar y potenciar las unidades de cuidados intensivos, emergencia y laboratorios, con el afán de precautelar la salud y bienestar de los ciudadanos afectados por el virus COVID-19.

Demandar al presidente de la República que, en virtud de la emergencia sanitaria, emita un Decreto Ejecutivo donde se disponga la entrega de un bono adicional de contingencia para los servidores del sector salud que sea equivalente a un Salario Básico Unificado, como un justo reconocimiento a quienes se encuentran en la primera línea del deber protegiendo la salud y la vida de todos los ecuatorianos. Así mismo, disponer la reapertura del Hospital “Dr. Alfredo J. Valenzuela”, especializado en enfermedades respiratorias-pulmonares, y disponer la entrega de forma gratuita de los medicamentos para el tratamiento relacionado al COVID-19, tomando en cuenta a los grupos de atención prioritaria, el abastecimiento en las farmacias y el control de precios para evitar la especulación.

Artículo 4.- Demandar de la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera que en el plazo de cinco días, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, emita la regulación sobre la reducción de las tasas de interés para créditos productivos e hipotecarios y la disminución de y costos de servicios financieros. De igual manera, que en cumplimiento de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación se emita la norma correspondiente para la suspensión, diferimiento, refinanciamiento, reestructuración o remisión de intereses y/o capital de operaciones de crédito otorgadas por la Banca Pública.

De igual forma, requerir a la Superintendencia de Bancos tome las acciones necesarias para que ningún ciudadano sea afectado en su calificación de riesgo en el Buró de Crédito por la mora incurrida en el pago de deudas durante la vigencia de la emergencia sanitaria.

Artículo 5.- Demandar el compromiso del sistema financiero privado, casas comerciales, almacenes y demás centros de crédito particular, para que apliquen una política similar que la banca pública, a fin de establecer facilidades en la reestructuración de créditos productivos, comerciales, de consumo y en tarjetas de crédito, sin costo por moratoria o servicios de cobranza, así como la reinversión de sus utilidades en el sistema financiero para fortalecer el sistema productivo nacional.

El sistema financiero nacional debe crear líneas de crédito especiales dirigidas a personas naturales o jurídicas que se encuentren con problemas de liquidez para que puedan atender sus pagos de nómina y a proveedores.

Artículo 6.- Requerir al Gobierno Nacional para que, frente a la necesidad de priorizar todos los recursos disponibles hacia el sistema de salud y, dejando en claro que el Ecuador no es un país que no cumple con sus obligaciones, realice las acciones, según demande el caso, para la condonación, reprogramación o suspensión de las deudas existentes y la suspensión temporal del pago de obligaciones de deuda externa, en condiciones soberanas. En igual sentido se hace un llamado al Gobierno Nacional a revisar las condiciones actuales de los contratos petroleros.

Artículo 7.- Exigir al Gobierno Nacional a negociar con los organismos multilaterales de crédito el establecimiento de planes emergentes de ayuda a países como el nuestro que necesitan enfrentar eficazmente los desafíos derivados del combate a la propagación del COVID-19 y las consecuencias en la economía nacional.

Artículo 8.- Conminar al Ministerio de Educación a que emita disposiciones vinculantes a las instituciones educativas para garantizar la estabilidad y remuneraciones a los maestros; y, posponer o suspender temporalmente la recaudación de matrículas en el régimen costa y la recaudación de pensiones en el régimen sierra.

Artículo 9.- Requerir al Gobierno Nacional, adoptar medidas y políticas públicas, amparadas en la corresponsabilidad diferenciada y poniendo claro énfasis en quienes más capacidad de contribuir tienen, que permitan incentivar la economía nacional, el sistema productivo, la estabilidad económica, generación de empleo y la protección de las micro, medianas y pequeñas empresas, los trabajadores de la economía popular y solidaria y de aquellas personas que viven de su trabajo diario.

Demandar al sector productivo su compromiso para aunar esfuerzos que permitan superar la crisis económica y sanitaria, facilitando que los bienes y recursos productivos estén disponibles para la ciudadanía, además, garantizando los derechos laborales, la continuidad de la actividad productiva y precautelando los empleos e implementando alternativas al trabajo convencional como el teletrabajo.

Demandar al Gobierno Nacional que, en el marco de la declaratoria de estado de excepción se garantice la circulación de vehículos relacionados con la cadena de producción y abastecimiento de alimentos para asegurar la soberanía alimentaria durante el estado de emergencia sanitaria. Así mismo, que se establezca de forma urgente un puente aéreo entre el Ecuador continental y las Islas Galápagos, de manera planificada con el sector comercial de la provincia de Galápagos, de forma que se garantice el abastecimiento de medicinas y alimentos.

Artículo 10.- Exigir al Gobierno Nacional a tomar las medidas necesarias para que el frente externo de la economía no siga afectándose, evaluando la posibilidad de tomar las medidas arancelarias que sean pertinentes para reducir el consumo de bienes suntuarios importados, así como determinar tarifas cero y agilitar los procesos de desaduanización para la importación de insumos necesarios que sirvan para enfrentar la crisis sanitaria.

Artículo 11.- Demandar a que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, disponga a las embajadas y consulados para que tomen las medidas necesarias frente a la situación de todos los ecuatorianos que se encuentran fuera del país y que buscan retornar para reunirse con sus familias; y, se coordine desde el Ministerio de Relaciones Exteriores las diligencias pertinentes con otros Estados y junto a organizaciones de derechos humanos para el retorno de los ecuatorianos que necesiten hacerlo.

Artículo 12.- Recordar a otras instancias institucionales que la declaratoria de estado de excepción se circunscribe al área de salud y al combate a la pandemia por contagio del COVID-19 y, por consiguiente, la Asamblea Nacional estará vigilante para ejercer su facultad fiscalizadora frente a abusos en la extensión de las declaratorias de emergencia por parte de entidades diferentes a las competentes para atender la crisis sanitaria.

Artículo 13.- Solicitar a todas las organizaciones políticas del país acordar un período de consenso, diálogo por la unidad nacional y responsabilidad social, que trascienda de visiones ideológicas, para que todas las funciones del Estado puedan planificar las respuestas inmediatas y a largo plazo por la crisis social, de salud y económica que deja la pandemia del COVID-19, y enfrentarla atendiendo los derechos y necesidades de toda la población en especial de los más vulnerables.

Artículo 14.- Requerir al Consejo de la Judicatura y a la Defensoría del Pueblo que, en el marco de sus competencias, implemente la atención mediante plataformas virtuales para garantizar el acceso a mecanismos de denuncia y protección frente a posibles afectaciones al ejercicio de los derechos del consumidor por el acaparamiento de bienes de primera necesidad, los derechos sociales y laborales de la población; mecanismos que deben garantizar transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, consentimiento informado, debido proceso, acceso a la justicia y reparación integral. Se conmina al Consejo de la Judicatura para que se mantengan los mecanismos que permitan contar con instancias judiciales que recepten denuncias de infracciones flagrantes y de casos de violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres que probablemente se incremente en el marco de la crisis sanitaria.

Artículo 15.- El Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán revisar su programación presupuestaria y fijar nuevas prioridades acorde con la situación actual del país, priorizando aquellas que dinamicen la economía y generen fuentes de empleo, evitando todo tipo de gastos no prioritarios, controlando el gasto de equipamiento en defensa y, dando prioridad al equipamiento de hospitales y centros de atención a la salud.

El Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados garantizarán la provisión de los servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, comunicación e internet y de recolección de basura para todos los hogares ecuatorianos, suspendiendo temporalmente los cortes por falta de pago, mientras permanezca vigente la emergencia sanitaria en el país y, en el plazo de cinco días, establecer mecanismos para la disminución, el diferimiento, remisión o reprogramación de las deudas que se generen por estos y otros conceptos como servicios que brindan las instituciones, en especial para los grupos más vulnerables.

Artículo 16.- Instamos a los medios de comunicación a difundir información oficial y fortalecer las campañas en contra de noticias falsas que se distribuyen en redes sociales. También instamos a las autoridades competentes a investigar campañas de desinformación que generan inseguridad, temor y ponen en riesgo el orden y la seguridad ciudadana.

Artículo 17.- La Asamblea Nacional brindará todo el respaldo y trabajará de manera coordinada en el tratamiento de las iniciativas de ley que sean necesarias para superar la crisis económica y sanitaria que atraviesa el Ecuador.

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