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El nuevo coronavirus altera la atención en los juzgados de Tránsito

Geide Jiménez señala que le multaron por exceso en el uso de pito y buscó ayuda de un defensor público.

Geide Jiménez señala que le multaron por exceso en el uso de pito y buscó ayuda de un defensor público.

Nirtha Quispe (izquierda) dice que su juicio se ha postergado, porque al inicio de la pandemia cerraron las oficinas. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Llevan carpetas llenas de documentos. Entran y salen de las oficinas judiciales de tránsito que operan en el norte de Quito. Quieren saber qué sucede con sus trámites. Son usuarios que en estos días chocaron, sus parientes fueron detenidos por conduciren estado etílico o fueron multados por ejercer el taxismo informal.

Otros tienen multas por pasarse el semáforo en rojo, por exceder la velocidad o por usar el pito de forma excesiva. Dicen que los procesos no avanzan.

“Todo se complica en estos días”, asegura Janeth Mosquera, una abogada a la que le suspendieron dos audiencias.

Cuando llegó a los juzgados le dijeron que las diligencias estaban aplazadas, porque el secretario de la sala y el asistente del juzgado estaban contagiados con coronavirus. Eso hizo que la oficina se cerrara.

Los casos que más llegan a estos despachos tienen relación con choques. Abril fue el mes con menos casos en el país. Desde entonces, los reportes han subido.

Geide Jiménez es otro usuario. Dice que le multaron el 10 de agosto por exceso en el uso de pito. Esa infracción es sancionada con cinco puntos menos en la licencia y USD 20 de multa (art. 392 del Código Penal).

Quiso que un defensor público lo ayude, pero no lo encontró. Lo único que le dijeron es que para evitar el contagio atendían solo por teléfono.

Geide Jiménez señala que le multaron por exceso en el uso de pito y buscó ayuda de un defensor público. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

El espacio en donde ellos trabajaban físicamente está cerrado. En la puerta de ingreso aparece un mensaje con tres números telefónicos, para que los usuarios se comuniquen.

Como precaución para que el virus no se propague, los judiciales tienen una disposición de hacer teletrabajo y solo una parte labora en las oficinas.

Lidia Mera tampoco halló a los defensores. Su carro fue impactado por un conductor que circulaba en contravía, en Quito. El agente de tránsito le emitió una boleta por una contravención de segunda clase, que se sanciona con USD 200 y la reducción de nueve puntos en la licencia de conducción.

Luego de dos horas de marcar a los tres números que aparecían en el anuncio logró contactarse. El defensor le dijo que no podía tomar su caso, porque el daño era mínimo. Hoy contrató un abogado particular.

Jhonatan Analuisa intentó impugnar una multa por exceso de velocidad, pero cuando fue por primera vez no le permitieron el paso, porque se había detectado un caso de covid-19. Luego no se encontraba el secretario de la sala.

Hasta el 12 de agosto, 122 funcionarios judiciales estaban contagiados en Pichincha.

“Siempre hemos precautelado la vida y la salud de nuestros servidores judiciales y de los usuarios”, dice la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, al recorrer la Unidad Judicial sur, una de las más grandes de Quito.

Chester Salazar (izquierda) asegura que tuvo que ir todos los días para buscar a los secretarios y al juez. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Allí también hay usuarios que no han podido realizar sus trámites, aunque la Judicatura dice que se está cumpliendo con todas las personas. Para ingresar a las oficinas se toman medidas de bioseguridad.

Ahí la Sala de lo Penal, que también lleva temas de tránsito, trabaja con cinco jueces de manera presencial y dos hacen teletrabajo. Así buscan despachar los procesos. No se permite el acceso masivo del público.

Jonathan Quimbita dice que su carro está tres semanas retenido por ejercer taxismo informal. Con Mónica Cualchi y Ramón Jaramillo ocurre lo mismo. Cuentan que sus audiencias están postergadas.

Nirtha Quispe espera que las cosas vuelvan a la normalidad. Su juicio se ha postergado, porque con la pandemia cerraron las oficinas judiciales y ahora hay procesos acumulados.

Víctor Romero, juez de tránsito en Quito, indica que los retrasos en las causas se deben a que actualmente solo el 10% del personal está trabajando de forma presencial. Por turnos acuden a la unidad dos o tres veces por semana. La jornada presencial es de cuatro horas, el resto del tiempo hacen teletrabajo.

Chester Salazar asegura que tuvo que ir todos los días para buscar a los secretarios y al juez para que puedan despachar.

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