Solo con su título bajo el brazo, el 5 de febrero del 2013, se posesionaron los defensores de los clientes de la banca. De ese modo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) cumplió con el mandato constitucional, pero no todos tuvieron suerte.
Algunos se instalaron en seguida, otros se enteraron en ese momento que debían trasladarse a otra ciudad para trabajar y otros debieron esperar a que se les adecúe una oficina.
La creación de la figura de los defensores de audiencias que actualmente trata el Cpccs tiene ciertas similitudes con los de la banca. Los vacíos y dudas se repiten; y en enero, los seleccionados ya deberían entrar en funciones. Aunque la consejera Marcela Miranda, lo duda y calcula que el concurso demorará unos cinco meses.
Para la banca se designaron 46 defensores, con sus suplentes. Hoy quedan 37, por el cierre de algunas entidades o la fusión de otras. Durante el concurso hubo candidatos que se retiraron por falta de claridad. Una vez posesionados, cinco renuncias llegaron en el primer mes.
¿Qué sucedió? Los nuevos funcionarios no tenían claras sus condiciones laborales. Por ejemplo, no se especificó dónde funcionarían sus oficinas. Lo que sí se estableció fue que las entidades financieras debían proveer los recursos tecnológicos, materiales y humanos para su labor.
La solución llegó a los 20 días de la posesión. La Superintendencia de Bancos emitió el Manual de Procedimiento, donde aclaraba que prestarían sus servicios en la matriz de cada institución. También, definió los procesos administrativos que debían seguir.
Evelyn Torres y Juan Carlos Terán, defensores ante Diners y Banco Capital, respectivamente, lo confirmaron. Sobre la marcha aprendieron lo que debían hacer y resolvían, junto a la Superintendencia de bancos, los vacíos legales y operativos. Sin embargo, Kléber Coello, coordinador de los defensores, aseguró que ahora ya todos tienen oficina y que su labor se está incrementando.
“Mucho me temo que esto podría ocurrir nuevamente con los defensores de las audiencias”, dijo David Rosero, miembro del Cpccs. Y es una lección para los consejeros. Por eso Miranda está en contra de que el proceso de selección para defensores de audiencias avance mientras no estén detalladas claramente las atribuciones específicas, salarios, horario, relación de dependencia, lugar de trabajo y causales de “la pérdida de condición del defensor”.
Otro requisito fundamental era conocer qué medios son considerados de alcance nacional. Recién ayer, el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) remitió la lista definitiva al Cpccs. Son 61 medios los que requerirán de estos funcionarios (ver gráfico), 50 menos de los que estaban en la lista preliminar.
Uno de los primeros inconvenientes con la banca fue definir quién cubriría los salarios de los defensores. Pero la Superintendencia de Bancos aceptó cancelar los valores, descontándoles de los aportes de cada banco, y creó una tabla de remuneraciones, que van desde USD 2 226 hasta 5 566.
Para los defensores de audiencias, el tema salarial se zanjó en el mismo Reglamento de la Ley de Comunicación. Lo pagarán los medios, a través de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), pero no se han establecido los montos.
Hernán Reyes, miembro del Cordicom, coincide en que no está especificado ni en la ley ni en el reglamento a quién le compete definir los parámetros de trabajo y atribuciones específicas. Y afirmó que junto con la Supercom trabajan en los detalles, que serán presentados “lo más rápido posible”.
Otro punto que se descubrió tras las primeras deserciones, en el caso de la banca, fue que no está legalmente establecido qué sucede cuando los defensores renuncian. Lo único claro es que el Consejo de Participación debe designarlos.
En el caso de la banca, se hizo un sorteo entre los candidatos restantes, porque ni siquiera se trataba de un concurso de méritos, sino de una elección por sorteo porque así lo exige la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, explicó Rosero.
Para los medios, el Reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación exige un concurso público. En la ley no se especifica qué deberá ocurrir si el defensor renuncia o es cesado en sus funciones. Por ello, Miranda considera que el vacío se llenará con el siguiente concursante mejor puntuado.
Los perfiles de los defensores también han sido debatidos. Para la banca, ni siquiera se requería conocimiento en el área. Bastaba un título de tercer nivel y una cuenta en el banco para el cual se postulaba. Ahora es concurso de méritos con conocimientos y experiencia en comunicación y ciencias sociales. El concurso se hará para radio, prensa y televisión y se sorteará en qué medio específico trabajará cada defensor.