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Los controles en las cárceles son frágiles

En la Penitenciaria de Guayaquil, los visitantes deben entrar con zapatos descubiertos. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

En la Penitenciaria de Guayaquil, los visitantes deben entrar con zapatos descubiertos. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

En la Penitenciaria de Guayaquil, los visitantes deben entrar con zapatos descubiertos. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Una lona despintada y rota. Así es el letrero en donde a duras penas se puede observar la lista de los objetos con los que no se puede ingresar a la penitenciaría de Guayaquil.

Son las 10:00 del miércoles y un grupo de 30 mujeres hace fila para entrar a la visita de las 12:30. Visten ropa ligera y para entrar deben dejar sus carteras, celulares y dinero en un kiosco de madera que se improvisó en la parte externa de esta cárcel, que funciona en el kilómetro 26 de la vía a Daule.

La penitenciaría de Guayaquil tiene tres filtros de seguridad. Todos son manuales, pues no hay escáneres para detectar con exactitud los objetos metálicos ni rayos X para verificar más objetos prohibidos, como droga o dinero.

Solo en las cárceles regionales de Latacunga, Turi y Guayaquil operan dos escáneres corporales en cada una. En El Rodeo, en Manabí, hay otro equipo. La información fue confirmada por el subdirector de Rehabilitación, Julio Ballesteros.

Otros 31 centros que están en el país solo tienen detectores de metales, con una tecnología más básica. La fragilidad de los controles ha hecho que en las celdas se encuentren armas de fuego, licores, drogas y otros objetos que son solicitados por las mafias que operan al interior de los centros.

Investigaciones oficiales detectaron 23 redes delictivas a escala nacional. Uno de los cabecillas está precisamente señalado en el caso de la ambulancia, que el 2 de enero pasado ingresó a la cárcel de Guayaquil con televisores, una nevera, armas de fuego y licor.

26 personas, entre policías, agentes penitenciarios y funcionarios civiles, están presas desde el 17 de febrero y son señaladas por supuestamente ayudar a que el cargamento llegara a manos de un jefe de Los Choneros, que está encarcelado por asesinato, delincuencia organizada y asociación ilícita.

Una semana después de esas capturas, el 23 de febrero, otra ambulancia intentó ingresar, pero esta vez a la Penitenciaría. En ese vehículo se halló carne asada, 11 celulares y seis litros de alcohol. Ballesteros sostiene que no existe un protocolo establecido para la seguridad en las cárceles del país.

Asegura que eso lo han detectado desde que se creó el Servicio de Atención a Adultos que asumió una parte de las funciones del Ministerio de Justicia. Sin embargo, entre el 2013 y el 2014, el Ministerio de Justicia implementó un protocolo de visitas para evitar el ingreso de objetos prohibidos.

Ese manual decía que los familiares no podían ingresar si llevaban chompa, abrigo, short, bermuda, vestido corto, objetos de vidrio o metal. Tampoco, quienes tuvieran botas, zapatos con plataforma, pasadores, carteras, mochilas, billeteras, fundas, cinturones, correas y corbatas.

La norma señalaba que las madres debían llevar un pañal extra para que durante la inspección cambiaran a su hijo bajo la mirada de una guía. Así se comprobaría que no se estuviera usando al niño para esconder objetos no permitidos.

Ahora, Ballesteros sostiene que en la nueva estructura del Servicio de Rehabilitación hay una Dirección de Seguridad y que en esa oficina se trabaja en protocolos para supervisar en todo el país el control carcelario.

El funcionario dice que el tratamiento de seguridad no debe ser igual para todas las penitenciarías. “Debería ser de acuerdo con cada uno de los centros tanto para el ingreso y registro de visitantes, como para el de los camiones que ingresan cargados con alimentación para los reos”.

En la Penitenciaría y en la regional de Guayaquil, este Diario constató cómo las puertas de ingreso vehicular permanecen abiertas entre 10 y 15 minutos y cómo los autos ingresan con apenas mostrar algún documento. Los uniformados que custodian la puerta solo abren la cajuela de los automotores.

La Dirección de Rehabilitación prepara un proyecto de emergencia carcelaria. Su titular Ernesto Pazmiño dice que los detalles serán presentados a las autoridades de gobierno.

¿Por qué declarar la emergencia? “A las cárceles están entrando armas y droga. No hay mecanismos técnicos eficientes de seguridad y esta es vulnerable. Los escáneres están fallando, muchas cámaras del sistema de videovigilancia están fallando”, responde.

De hecho, la falta de cámaras de seguridad y circuito cerrado es otro problema.

“Esta es una de las cosas que se necesita mejorar”, según Ballesteros. La idea es colocar cámaras en zonas específicas y aumentar el tiempo de almacenamiento de las grabaciones.

Pazmiño advierte que las cárceles regionales tienen un centro de monitoreo. En esas áreas existe un botón de alerta por si se observa una irregularidad.
Pero el funcionario reconoce que en el caso de la ambulancia nadie activó la alerta. “El jefe de los guías permitió y ordenó que pasara el vehículo”. Ahora, ese funcionario está encarcelado.

Pazmiño sabe que en la Penitenciaría, por ejemplo, hay pocas cámaras y asegura que mantuvo contactos con el ECU-911 para poner más dispositivos en los exteriores de ese centro.

En contexto

En el 2013, el Ministerio de Justicia inauguró el Centro Regional de Guayas, a un costó de USD 66,5 millones. Un año después, abrió la cárcel en Latacunga. Estos dos centros han sido señalados en los últimos meses por el ingreso de armas, licor y asesinato de reos.