En Quito existe una contribución especial por la Ruta Viva

La Ruta Viva es una carretera que une a los valles con el Distrito Metropolitano. Esta fue inaugurada en el 2015. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO

La Ruta Viva es una carretera que une a los valles con el Distrito Metropolitano. Esta fue inaugurada en el 2015. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO

La revalorización de las propiedades en Quito significó un incremento en la contribución especial por mejoras (CEM) que se paga junto con el impuesto predial, que también se actualizó, desde este enero.

Durante este año, los quiteños pagarán USD 13 millones de los alrededor 28 millones que la ciudad debe cancelar por una parte del costo de la construcción de la Ruta Viva, que fue inaugurada en el 2015 y que reduce los tiempos de viaje y conexión entre el área urbana del Distrito Metropolitano con los valles y el Aeropuerto Mariscal Sucre.

La obra tiene un costo aproximado de USD 280 millones, según el administrador general del Municipio, Miguel Dávila. Él explica que será pagada en 10 años y que durante ese período la ciudad deberá pagar USD 28 millones de manera anual.

“No obstante, para evitar un salto tan gigante lo que hemos hecho es que de los USD 28 millones, aproximadamente 15 millones los asuma el Municipio con sus propios recursos”, manifestó.

Dávila agregó que si bien este año hay un aumento en la contribución especial de mejoras que cubrirán los ciudadanos, la cantidad que el Cabildo tendrá que pagar por esa obra complica las finanzas municipales. Los USD 15 millones que va a pagar será solo en servicio de la deuda, sin incluir los intereses.

A fines del año pasado, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó una ordenanza que regula la forma en la cual se aplicará el cobro de esta contribución. Según el documento, la base de cálculo será el costo anual de las obras, prorrateado entre todas las propiedades del Distrito.

Este monto se calcula según el avalúo de cada predio, mediante la aplicación de una fórmula que incluye como factores el valor de una propiedad, el avalúo total de la ciudad (USD 109 000 millones) y el costo anual por obras distritales. Según Santiago Betancourt, director metropolitano tributario, en el rubro de contribución especial por mejoras se incluyen además obras específicas como, por ejemplo, el adoquinado de una calle, que solo se aplica a quienes habitan en ese punto.

Esta contribución, de acuerdo a lo señalado en la ordenanza, no podrá superar el monto que resulte de aplicar una tabla de porcentajes. Es decir, que el Municipio se hace cargo del monto que exceda a lo que estipula la tabla de límites que va del 0,012 al 0,027 %. Este porcentaje aumenta conforme crece el valor del predio, de acuerdo con una escala de seis rangos desde los USD 300 000 en adelante.

El cobro del CEM en Quito estará vigente para este y el próximo año y su variación dependerá en el 2019 del monto anual de las obras distritales cuyo plazo de recuperación se inicie en ese año.

La ordenanza también señala que si varias personas son copropietarias de un predio, esta contribución se reparte de acuerdo con el porcentaje que cada uno posea de ese bien inmueble.

Esto se aplica para urbanizaciones, declaraciones de propiedad horizontal, propiedades pertenecientes a varios dueños, entre otras que impliquen una división entre propietarios y por ende, una división del tributo. Cada dueño pagará un monto proporcional, con base en la información proporcionada por la Dirección Metropolitana de Catastro.

Betancourt afirma que en la cartilla existen otros rubros como la contribución para el Cuerpo de Bomberos que no se calcula sobre el avalúo del 2018 de los predios sino del 2016. La idea es disminuir el impacto en el monto que pagan los quiteños.

Aclara que salvo en los casos específicos de una calle que beneficie únicamente a sus vecinos, las demás obras se pagan entre todos los habitantes del Distrito Metropolitano. Incluso la obra que se cobra podría haber sido hecha hace cinco años, explica Betancourt, porque la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) cobra esa obra durante 10 años, es decir que el monto se paga de forma prorrateada.

El cobro por la Ruta Viva se reparte entre toda la ciudadanía, considerando lo que esto lo estipula el Cootad sobre el retorno en cuestión de obras de vialidad.

Además, de acuerdo con la nueva ordenanza, los propietarios de predios de menos de USD 70 000 si este no es un terreno baldío no pagarán el cobro adicional por la Ruta Viva sino únicamente los saldos por obras anteriores, que se venían pagando en los años previos.

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