El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Esteban Albornoz en el debate de la Ley Humanitaria. Foto: Twitter
Entre amenazas de juicio político al ministro de Finanzas, Richard Martínez, y llamados a descartar el archivo, el Pleno de la Asamblea arrancó hoy, jueves 30 de abril del 2020, con el primer debate del proyecto de Ley de Apoyo Humanitario frente a la crisis provocada por el nuevo coronavirus.
Antes de dar paso a la discusión, el presidente de la Legislatura, César Litardo, pidió a los legisladores que contribuyan a mejorar el proyecto y actuar “con responsabilidad histórica” frente a la situación que atraviesa el país.
“Sería lo lógico a hacerlo, entregar una ley al país que defienda a quienes menos tienen y que apoyen a reactivar la economía y salvar vidas. En ese marco debe quedar muy lejos la posibilidad de un archivo o del Ministerio de la Ley”, expresó.
Litardo comentó que el debate podría tomar algunos días, pues al menos 60 de los 137 asambleístas se inscribieron para participar de la jornada en la que se prevén ajustes al proyecto enviado por el Ejecutivo.
Debido a las medidas de confinamiento por el covid-19, el debate de esta y otras leyes se da mediante videoconferencias. Los primeros en intervenir fueron los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, que preparó el informe.
El socialcristiano César Rohón y la correísta Doris Soliz anunciaron que impulsarán un juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez, por haber “mentido” sobre el pago de bonos relacionados con la deuda externa en medio de la crisis.
Además, Soliz demandó que se hagan “cambios radicales” en el texto para que sea “una ley por la vida” y señaló que su bancada defiende que se incluya un impuesto del 2% al patrimonio de las sociedades en paraísos fiscales.
Pero Rohón sostuvo que ese planteamiento es inconstitucional, pues señaló que la Asamblea no tiene facultad para poner o quitar impuestos. “Esto no fue votado como texto de la Comisión, sino que fue introducido”, dijo.
El oficialista Esteban Albornoz, presidente de la Comisión, adujo que esto se dio porque el informe, que no tiene el carácter de vinculante, recoge los planteamientos de varios legisladores.
“Debo aclarar que este concepto de contribución como fue planteado en la Comisión nunca, jamás tuvo la intención de gravar el patrimonio de los ecuatorianos. Se refiere únicamente a los bienes inmuebles de sociedades residentes en paraísos fiscales”, dijo Albornoz.
Acotó que sobre el tema se resolverá solamente cuando el Pleno realice el segundo debate y lleve a votación la propuesta. “Es inadmisible, es ruin, pretender engañar, confundir y desinformar a la ciudadanía, con interpretaciones antojadizas y ajenas a la verdad, más aún en la delicada situación que vive el país”, puntualizó.
Albornoz también precisó que la contribución del 5% que se propone para el caso de las empresas con utilidades superiores al USD 1 millón en el ejercicio fiscal de 2019 permitiría recaudar USD 516 millones. Dijo que eso afectaría a 1 464 empresas, es decir al 1,2% de las más de 119 000 sociedades.
Se incluyó un artículo para que el aporte pueda ser utilizado como crédito tributario para el pago de impuesto a la renta a partir del ejercicio fiscal 2022, del mismo contribuyente, a razón del 20% de dicho valor, en cada año.
El informe fue defendido por asambleístas como Elizabeth Cabezas, de AP, y el independiente Fernando Burbano. Por su lado, Homero Castanier, de Creo, expresó su desacuerdo con que la base para la contribución de empleados públicos y privados sea de USD 720. Castanier señaló que la base debería ser a partir de quienes tienen ingresos por USD 30 000 al año. El debate continuaba al cierre de esta nota.
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