18 de noviembre de 2020 00:00

Observan 202 contratos suscritos en la pandemia por anomalías en Ecuador

El 14 de mayo del 2020, agentes allanaron el Hospital de Quevedo para recabar evidencias. Foto: archivo

El 14 de mayo del 2020, agentes allanaron el Hospital de Quevedo para recabar evidencias. Foto: Fiscalía

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Ana Belén Rosero
Redactora (I)

El rastreo ejecutado a los contratos suscritos durante la emergencia sanitaria arroja más datos. El Servicio de Contratación Pública (Sercop) identificó 202 procesos con presuntas irregularidades.

Un informe de esa entidad señala que el 46% de las presuntas anomalías detectadas recae sobre las adquisiciones realizadas por municipios y hospitales públicos. En la lista también aparecen juntas parroquiales, instituciones estatales, prefecturas.

Según la Fiscalía, 183 casos permanecen en la primera fase de investigación, es decir son reservados, y 13 han pasado a la fase de instrucción fiscal o investigación pública.

Hay 185 procesados. De ellos, 55 están detenidos. La mayoría tiene medidas cautelares sustitutivas a la prisión, otros se encuentran prófugos.

Los problemas se centran en la compra de insumos médicos, mascarillas, trajes de bioseguridad, gel antibacterial, pruebas para detectar covid-19, medicamentos, kits de alimentos, bienes y servicios.

Además, se identificaron entendimientos con empresas fantasmas o que no declaran impuestos. También se detectaron incumplimientos en el pago de los proveedores.

Esta información y los datos recopilados entre enero y febrero pasados fueron remitidos a la Contraloría. La idea es que el ente de control realice exámenes especiales para determinar si se cometieron o no faltas administrativas o penales. Los auditores tendrán que identificar si hubo sobreprecios y si se incumplió con la Ley de Contratación Pública.

El artículo 57 de esta norma establece que una “entidad podrá contratar de manera directa y bajo responsabilidad de la máxima autoridad, las obras, bienes o servicios que se requieran para superar la situación de emergencia”.

Entre los casos identificados por Sercop aparece la presunta compra irregular de insumos y dispositivos médicos para el hospital Eugenio Espejo de Quito. Esto se ejecutó en abril.

En junio, en cambio, se produjo una compra similar en el hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil.

Además, se detalla que el 18 de mayo, el Hospital General de Ambato firmó cinco contratos para mascarillas N95, fármacos que alivien los síntomas del covid-19, pruebas para detectar el virus y desinfectantes.

Otras tres adquisiciones con supuestas anomalías se registraron en el Hospital General de Quevedo, en Los Ríos.

Se adquirieron pruebas para detectar el covid-19, se compró gel antiséptico y otros insumos para atender la emergencia.

Estos tres centros forman parte de las 196 investigaciones que la Fiscalía también abrió durante la pandemia, para rastrear presuntos actos de corrupción en estos meses.

Entre los posibles delitos indagados están peculado, asociación ilícita, tráfico de influencias, defraudación tributaria y alteración de evidencias.

Por ejemplo, en la casa de salud de Quevedo se rastrea peculado. En mayo, agentes allanaron sus instalaciones para recabar evidencias que fueron incluidas en el expediente.

Los uniformados se incautaron de computadoras y contratos con presuntos sobreprecios. Estos indicios entraron a en cadena de custodia y se encuentran en las bodegas de la Policía Judicial de esa ciudad. 

En los expedientes que el Sercop envió a la Contraloría General del Estado también se detallan los trámites realizados por los municipios de Loja, de Milagro-Guayas, del cantón Pasaje-El Oro y la Empresa de Agua Potable de Ibarra.

Se identificaron, por ejemplo, errores en procesos de compra de gel antibacterial, trajes de bioseguridad y mascarillas para los funcionarios que laboran en esas entidades.

Antes de que Sercop remitiera información de los 202 casos, la Contraloría del Estado ya inició 277 exámenes especiales a otros hechos reportados durante la pandemia.

De este último grupo, 29 informes con indicios de responsabilidad penal ya fueron notificados a la Fiscalía General.

En contexto

Luego de que se desatara la crisis sanitaria por el covid-19, los primeros problemas en las adquisiciones se reportaron en el IESS por la compra de mascarillas y bolsas para cadáveres. Luego, el problema se extendió a entidades públicas y seccionales.

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