Según la evaluación de la Judicatura, el Complejo Judicial del Norte de Quito tiene USD 15,7 millones de sobreprecio. Foto: Archivo / EL COMERCIO
En 2011, la justicia del país fue declarada en emergencia y con una Consulta Popular se cambió la conformación del Consejo de la Judicatura (CJ). Se nombraron autoridades transitorias, que ejecutaron obras de infraestructura para sacar al sistema de esa crisis.
La actual administración del CJ, también transitoria, denunció irregularidades en esos procesos contractuales: sobreprecios y nepotismo. Y por eso solicitó a la Contraloría que investigue 87 obras de ese período, entre el 2011 y el 2013.
Sin embargo, la Contraloría ya había auditado varios de esos contratos. Desde el 2011, el organismo de control aprobó 84 informes sobre acciones del Consejo de la Judicatura. Y, en este momento, 27 exámenes más están en ejecución.
En cuanto a los contratos de construcción y ejecución de obras, por ejemplo, en el informe DAPyA-0006-2014 se analizaron los procesos de contratación y ejecución de obras y remodelación de inmuebles, entre julio del 2011 y marzo del 2013. El documento fue aprobado el 16 de enero del 2014.
En ese estudio ya se establecieron algunos resultados negativos como la falta de transparencia en los procesos de selección de contratistas, adjudicaciones a contratistas cuyas ofertas no cumplieron con lo requerido y contratos por montos superiores a los establecidos en las licitaciones.
Otro caso que ya fue auditado es el de las dependencias judiciales Guayaquil Norte. El informe DAPyA-0036-2016, sobre la construcción y fiscalización de las unidades de la Función Judicial en esa zona de la ciudad, detalla al menos cinco irregularidades como el inicio de contratos sin tener todas las garantías técnicas.
También se detectaron modificaciones de estudios sin la autorización necesaria y falta de trámite del registro de construcción del predio donde se construyó el Complejo Judicial, lo que derivó en una multa al Consejo de la Judicatura por parte de la Municipalidad.
Estos resultados y observaciones, que ya están siendo aplicados por el Consejo para corregir esas obras y evitar problemas en los nuevos contratos, es un problema para la Judicatura actual, cuyo interés es encontrar a los responsables de los sobreprecios y otras anomalías. La ley prohíbe hacer más de una evaluación al mismo objetivo.
Por esta razón, el primer trabajo de coordinación entre la Contraloría y el CJ fue determinar cuántos de los 87 contratos observados ya fueron auditados: en total son 15, es decir, 72 están disponibles.
José Cisneros, coordinador de infraestructura de la Contraloría, aclara que incluso sobre esos 15 contratos se puede trabajar. Por ejemplo -explica- si se estudió la utilidad y no los costos, se podría examinar ese segundo componente.
A estos se suman los 56 contratos por consultorías y diseños de obras y los 71 por fiscalización (ver tabulado adjunto), contratados durante el período de emergencia. La denuncia y pedido de auditoría que hizo la actual Judicatura nació de una evaluación interna.
Se conformó un equipo multidisciplinario con expertos en distintas ramas como ingenieros civiles, estructurales e hidráulicos. Su trabajo de investigación duró cerca de 45 días.
El trabajo consistió en tomar cinco obras de la Costa, cinco de la Sierra y cinco de la Amazonía. Y se calcularon costos unitarios con base a los precios de mercado actual. Por ejemplo, se evaluó el valor del m² de mampostería (paredes) y luego se comparó con lo pagado cuando el contrato fue suscrito.
Se determinó, en todos los casos, que había sobreprecios de hasta el 40%.Ante estos resultados, se decidió tomar tres obras y hacer un análisis más exhaustivo. Se examinaron los complejos judiciales Guayaquil Norte, Latacunga y Otavalo. En Otavalo se determinó un valor en exceso de USD 4,4 millones; en Latacunga de 5,1 millones y en Guayaquil de 17,7 millones.
Marcelo Merlo, presidente actual de la Judicatura, aclaró que los perjuicios pueden ser mayores porque la comparación se hizo con los precios actuales del mercado, que “obviamente” son mayores a los de la época de ejecución. Por esto pidió la intervención de la Contraloría y la Fiscalía.
La administración del CJ observada fue dirigida por Paulo Rodríguez Molina. Este Diario intentó comunicarse con él, pero en la línea telefónica de la empresa que él dirige -según su hoja de vida- nadie atendió. En la dirección física tampoco se encontró a nadie.
Otro problema que tienen en frente la Judicatura y la Contraloría actuales es el tiempo. La ley indica que el control de contratos y demás acciones estatales prescribe en siete años.
Actualmente, ninguno de los 199 contratos disponibles para examinar (72 de obras, 56 de consultorías y 71 de fiscalización) ha prescrito.
Pero 40 están próximos a caducar, por lo que los exámenes se apresurarán. La semana pasada, la Contraloría envió una comunicación a la Judicatura informando los detalles de esas auditorías. Se conoció de manera extraoficial que 20 servidores de la entidad de control participarán y en estos días entrarían a la Judicatura para recopilar la información.
Mientras tanto, la Judicatura sigue evaluando más obras. Ahora el objetivo son los contratos en el período 2013-2018, que fue dirigido por Gustavo Jalkh. El interés se da porque en una primera aproximación realizada al Complejo Judicial del Norte se identificó USD 15,7 millones de sobreprecio.
En total hay entre 12 y 15 obras de ese período que están siendo estudiadas internamente. La terminación de la evaluación depende del tiempo ya que la actual Judicatura está a punto de ser reemplazada. Mañana está previsto que el Consejo de Participación elija a la comisión que designará a los nuevos vocales definitivos de esa entidad.
Jalkh, por su parte, aseguró en una entrevista con este Diario que todas las obras de su período fueron licitadas y otorgadas a la mejor cotización. Entonces, Cisneros cree que si pese a esto hay sobreprecio, las irregularidades podrían estar en las consultorías y diseños de obras.