9 de September de 2009 00:00

Los contratos internacionales

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Editorial Diario El Comercio

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En estos días se han multiplicado los anuncios oficiales en el sentido de que empresas públicas de países con gobiernos políticamente afines asuman la administración y ejecución de importantes proyectos y obras, como sucede con el campo petrolero Sacha o el proyecto Coca Codo Sinclair.

Muchos ecuatorianos se preguntan, por ejemplo, en qué condiciones se acordó el contrato para manejar el campo Sacha, considerado por los expertos como “la joya de la corona” debido a su enorme potencial y riqueza.

Sacha operaba desde 1972 bajo administración del Estado, primero en las manos de Cepe y luego de Petroecuador, pero desde el miércoles de la semana anterior, ha quedado a cargo de una empresa estatal ecuatoriano-venezolana, en la cual el Gobierno de Caracas tiene una participación del 30%, asegurada al menos por diez años.

Una situación parecida se observa en el caso del trascendental proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, la obra de ingeniería más importante del país, que según han anunciado los voceros gubernamentales se entregará este fin de mes a la empresa china Sinohydro para que lo construya.

Expertos critican que en el contrato podría haber un incremento del 31 % frente a lo inicialmente presupuestado, además de que resulta insólito, según ellos, que se emprenda un proyecto sin estudios definitivos.

Si bien lo normal es que las licitaciones de los grandes proyectos sean públicas y las adjudicaciones se hagan a quienes brindan las mejores condiciones, una vez que la normativa vigente permite este tipo de contrataciones, la obligación de las autoridades es, por lo menos, demostrarle al país que dichos contratos se rigen bajo garantías estrictas y condiciones claras que beneficien al país.

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