11 de junio de 2020 00:00

Daniel Salcedo, herido en avioneta y procesado por peculado, obtuvo contratos del Estado desde el 2013

Daniel Salcedo, quien era buscado por la Policía ecuatoriana llegó en la madrugada del 10 de junio del 2020; hoy enfrenta un proceso judicial por posible corrupción. Foto: Policía

Daniel Salcedo, quien se accidentó en una avioneta en Perú, llegó a Ecuador la madrugada del 10 de junio del 2020; ahora enfrenta un proceso judicial por posible corrupción. Foto: Policía

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Redacción Seguridad
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Las investigaciones en contra de Daniel Salcedo Bonilla apuntan a los contratos que firmó no solo en la actual emergencia sanitaria por el covid-19, sino también a los que suscribió con el Estado desde hace siete años.

En el 2013, Salcedo, quien actualmente tiene 31 años, tuvo un primer entendimiento con el desaparecido Ministerio de Bienestar Social, en el 2014 firmó procesos contractuales con la Gobernación del Guayas y entre 2015 y 2017 lo hizo con el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), todo en el gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

Asimismo, entre el 2015 y el 2017 Salcedo logró contratos con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Según la ministra de Gobierno, María Paula Romo, Salcedo Bonilla “no solo será una puerta para abrir esta mafia y encontrar a los culpables; está vinculado hace muchos años con contratos con el Estado”.

Desde el 10 de junio del 2020 pesa en contra de Daniel Salcedo una orden de prisión preventiva por presunto peculado.

La mañana del lunes 8 de junio, Salcedo fue noticia por el accidente de la avioneta en la que intentaba salir del país. El siniestro se registró en Perú, causó la muerte del piloto y dejó heridos a tres pasajeros, Salcedo entre ellos.

La madrugada del miércoles 10 de junio, tras ser deportado de Perú, Salcedo fue trasladado a una casa de salud en Ecuador, en medio de un fuerte operativo desplegado por la Policía.

“Agradecemos la cooperación internacional, Daniel Salcedo ha sido expulsado de Perú y ya se encuentra en Ecuador”, sostuvo el comandante de la Policía, general Patricio Carrillo.


Anomalías en contrato con la Gobernación del Guayas

El 11 de noviembre del 2014, la Gobernación del Guayas contrató a la firma H.D.C. Producciones CA para la realización de una campaña antidrogas, con la participación del pianista Raúl Di Blasio como motivador, por más de USD 1,6 millones.

Ese contrato fue firmado por Daniel Salcedo Bonilla, como representante legal de la firma adjudicada, H.D.C. Producciones CA.

El 31 de diciembre del 2015 la Contraloría General del Estado halló supuestas anomalías en el proceso. Así lo reveló la auditoría DR1-DPGY-AE-0219-2015, efectuada a los in­gresos de gestión y gastos relacionados con la adquisición de bienes, servicios, consultoría y remuneraciones, entre noviembre del 2013 y junio del 2015.

La Contraloría, por ejemplo, determinó que la Gobernación del Guayas suscribió el contrato bajo la modalidad de régimen especial (sin un concurso público) para que H.D.C. Producciones CA. realizara la fase II de la campaña Revolución Preventiva, que buscaba frenar el consumo de drogas en los colegios del Guayas.

Según los auditores, la Gobernación del Guayas (institución que pertenece al Gobierno central) no contó “con los estudios previos al inicio del procedimiento precontractual, que justifiquen la existencia de la circunstancia material y/o necesidad concreta, que le faculte acogerse al régimen especial comunicacional”.

Asimismo, agregó la Contraloría, “la Comisión Técnica (de la Gobernación) no verificó los requisitos mínimos del proveedor sobre el patrimonio, previa su calificación y adjudicación”.

La firma contratista registró un aumento del capital en USD 99 200, hasta alcanzar los 100 000, el 17 de noviembre, seis días después de haber sido contratada. Durante el proceso, la Comisión Técnica tampoco remitió al Gobernador el análisis referente al proceso de contratación, experiencia y requisitos mínimos del oferente.

El contrato se adjudicó sin que existiera una coordinación de la campaña con el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), organismo que entonces regía el plan nacional antidrogas. 


Presunto peculado en la emergencia sanitaria

Desde el 10 de junio, el detenido se convirtió en el quinto procesado por la compra de fundas de cadáveres con sobreprecio que firmó el Hospital del IESS de Los Ceibos, en Guayaquil.

Según las investigaciones de la Fiscalía, durante la emergencia sanitaria Salcedo habría sido parte de las negociaciones para concretar la compra de esos insumos por un valor total de USD 870 000.

Las primeras pericias determinaron que la casa de salud adquirió cada bolsa en USD 148, pese a que en el mercado se ofertaban desde USD 12.

Por eso, la Fiscalía formuló cargos en contra de Salcedo por un presunto delito de peculado. En la audiencia, el juez dispuso el bloqueo de todas las cuentas bancarias.

También ordenó que no se permita la cancelación ni el traspaso de acciones que tenga en cualquier empresa.

Sus bienes no podrán ser vendidos. Todas las medidas se adoptaron para evitar la salida de capitales y la instrucción fiscal durará 30 días.

Ayer, 10 de junio, también se desarrolló la audiencia de flagrancias en contra del hermano de Salcedo, quien fue detenido el martes 9 en Huaquillas (El Oro) cuando viajaba con USD 40 000 en su mochila. Fue procesado por lavado de activos.

Según la Fiscalía, no pudo justificar la procedencia del dinero. Por eso, su caso será manejado por la Unidad de Lucha contra la Corrupción y Antilavado de Activos de la Fiscalía.

Los investigadores sospechan que el joven intentaba llevar el dinero a Perú.

Los informes policiales dicen que fue detenido mientras caminaba por la frontera. El juez del caso ordenó prisión preventiva para el sospechoso y pidió que el dinero sea incautado hasta que las investigaciones determinen su procedencia.

Los agentes fiscales también investigan si el detenido participó en las contrataciones que realizó su hermano con el hospital del IESS. Él además figura como accionista de empresas. La Policía rastrea los supuestos nexos.

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