Policía halló USD 1,6 millones. Siete personas tienen prisión preventiva, tras audiencia. Foto: cortesía.
Las investigaciones sobre la adjudicación para construir el Hospital Básico de Pedernales derivaron en la detención de nueve personas. El operativo se realizó entre el jueves 14 y la madrugada del viernes 15 de mayo del 2020, en Portoviejo, Pedernales, Bahía de Caráquez y Calceta, en Manabí.
En la lista de aprehendidos constan los nombres de Jean Carlos Benavides, asesor del asambleísta Daniel Mendoza (PAIS), y de un empresario vinculado al Consorcio Perdernales-Manabí, que está a cargo de la construcción de la casa de salud. La obra fue adjudicada en diciembre del 2019 por USD 16,4 millones, aunque se trata de uno de los proyectos ofrecidos en el anterior Gobierno luego del terremoto del 2016, cuyo epicentro estuvo en esa ciudad costera.
La Fiscalía presentó el viernes dos acusaciones por lavado de activos y enriquecimiento privado no justificado. Las acciones se realizaron por separado. En la primera audiencia, el juez ordenó la prisión preventiva de siete personas y dispuso medidas alternativas para dos. Les prohibió enajenar bienes y dictaminó la retención de cuentas bancarias.
En los allanamientos, los uniformados confiscaron USD 662 191 en efectivo, que estaban guardados en maletas, y USD 1 032 529, en cheques. Además, se incautaron de cuatro armas de fuego, un chaleco antibalas, 36 municiones de 9 milímetros, 14 celulares, tres vehículos, tres computadoras de escritorio y cuatro portátiles.
Otro indicio que hallaron los agentes, y que ahora se investiga, es una bolsa con sellos de tinta, uno de ellos de la Dirección Regional de Manabí del Servicio de Rentas Internas.
La Policía halló USD 662 191 en efectivo, en maletas. También decomisó armas, sellos de instituciones públicas y más. Foto: cortesía,
Según los investigadores, la organización delictiva se habría beneficiado de obras estatales en esa provincia.
Entre los nueve procesados también se encuentra un segundo constructor, que en el 2010 fue declarado proveedor incumplido por el entonces Ministerio de Vivienda. Otros detenidos son servidores y exfuncionarios públicos. Entre ellos se encuentra un trabajador del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, quien antes laboró en la Agencia Nacional de Tránsito de Manabí. Otro acusado es un funcionario que formó parte del Servicio de Contratación de Obras Públicas, que en el 2018 fue asistente administrativo del Municipio de Sucre, en Manabí. Según su hoja de vida, llegó a ser Comisario Municipal en ese cantón.
Como aprehendido consta además el exgerente de Operación y Mantenimiento de la Empresa Pública de Agua de Guayas (EPA).
El presidente Lenín Moreno se pronunció sobre este caso, luego de que en redes sociales se cuestionara sobre la coincidencia del operativo con la votación de la Ley de Finanzas Públicas, cuyo legislador ponente es Mendoza.
“Hace algunos meses, María Paula Romo me informó que se investigaba una posible red de corrupción en la obra pública en Manabí. Ya están los primeros resultados. Le toca actuar a Fiscalía y que a los culpables les caiga todo el peso de la ley”, escribió el Mandatario en su cuenta de Twitter.
Mendoza, quien por la mañana no acudió a la sesión virtual de la Legislatura, usó la misma red social para referirse a la detención de su asesor.
“Pido a las autoridades de justicia que actúen con celeridad e independencia para que se aclare lo ocurrido”, escribió.
El asambleísta no es parte de los nueve detenidos.
“Dado que cualquier pronunciamiento en mi calidad de legislador podría malinterpretarse como una injerencia en la justicia, no me referiré más al tema mientras se desarrollen las diligencias. Colaboraré en todo lo que requieran las autoridades…”, agregó.
Mendoza también calificó a las publicaciones en redes sociales en las que se le menciona como parte de esta red delictiva como “insinuaciones malintencionadas de grupos interesados en caotizar”.
Según Manabí Noticias, uno de los sitios allanados fue el terreno en donde se levanta el Hospital de Pedernales.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que la investigación por este caso comenzó meses atrás. Recordó que hace un año, en el proceso de adjudicación de la obra, la Secretaría Anticorrupción identificó garantías falsas en el contrato para construir el centro médico. Por esa razón se dio de baja. “Hemos vigilado este contrato para investigar una posible red que está vinculada a otras instituciones en obra pública”, dijo.
Hasta el cierre de esta edición, la segunda audiencia por enriquecimiento privado no justificado no se realizaba.