Las observaciones, explicó, Pablo Celi dieron lugar a un indicio de responsabilidad penal y a sanciones civiles y administrativas por USD 33 millones. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
El contralor general del Estado, Pablo Celi, anunció que el organismo declaró al Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC), de Guayaquil, en una situación de emergencia de control público.
Así lo informó la mañana de este miércoles 19 de febrero del 2020 en la sede de la Contraloría en la urbe porteña. Agregó que por ello este mismo día arranca una intervención emergente integral de auditoría en esa unidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Explicó que esa auditoría va a abarcar la totalidad de la operación de la casa de salud en el periodo 2016-2020, independientemente de los exámenes que ya se han realizado y de las cuales ya se han desprendido acciones civiles y penales.
“Nosotros hemos declarado, como organismo de control, al Hospital Teodoro Maldonado Carbo en una situación de emergencia de control público. Y es en este sentido que nosotros ampliaremos a partir de hoy la intervención de auditoría de esa unidad”.
Sobre ese hospital, Celi afirmó que Contraloría ya concluyó varios exámenes en los que se analizaron convenios de pagos que han cubierto el 83% de las adquisiciones, la no justificación de la evasión de procedimientos de contratación pública, la no exigencia de proformas a proveedores directos, la no utilización de dispositivos e insumos médicos por USD 20 millones adquiridos con régimen de emergencia, entre otros aspectos.
Estas observaciones, explicó, dieron lugar a un indicio de responsabilidad penal y a sanciones civiles y administrativas por USD 33 millones. No obstante, se está llevando a cabo, en este momento, otro examen en ese mismo hospital.
“Este es un examen que tiene que ver con procesos respecto de bienes, servicios, consultorías y equipos. Este examen está en desarrollo”.
Advirtió a las autoridades del HTMC que los equipos de control hicieron una exigencia de información y que ha sido incumplida.
“La Ley Orgánica de la Contraloría determina que una resistencia o un incumplimiento, frente a una exigencia de información por parte de la Contraloría, es sancionada con destitución de las autoridades que obstaculicen un examen de Contraloría”.
Mientras, Celi también dijo que hay otros cuatro hospitales que ocupan la atención de la Contraloría: el Hospital del Guasmo Sur, el Matilde Hidalgo, el de Los Ceibos y el Mariana de Jesús.
En esos centros de salud se harán acciones de control en adquisición y uso de medicamentos, adquisiciones y contrataciones para insumos, equipos médicos, bienes y servicios. Se analizará también reclutamiento y contratación de personal y el sistema de remuneraciones.
“Hay un tema que nos ocupa de manera especial: los convenios de pago. Vamos a revisar los sustentos para procedimientos por convenios de pago”.
El contralor fue consultado sobre un examen que se hizo en la Corte Constitucional durante la administración de Pamela Martínez, procesada por el caso Sobornos.
Refirió que el examen incluye indicios de responsabilidad penal, entre otros elementos analizados, por la contratación y uso del edificio en Guayaquil. Sin embargo, no adelantó fechas para la publicación.