30 de julio de 2018 16:44

Contraloría ordenó la destitución del prefecto Mariano Zambrano

Zambrano y 10 funcionarios tienen sanciones de destitución. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Mariano Zambrano Segovia es prefecto de Manabí desde el 2004. Foto: Archivo / EL COMERCIO

valore
Descrición
Indignado 6
Triste 0
Indiferente 3
Sorprendido 1
Contento 270
Redacción El Comercio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Contraloría fijó 11 sanciones de destitución contra el prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, y otros funcionarios de esa Prefectura.

La entidad de control, además, encontró indicios de responsabilidad penal tras el examen especial que realizó a varios proyectos de inversión, entre el 1 de agosto del 2014 y el 30 de noviembre del 2017.

Esto motivó al envío de un informe a la Fiscalía para que se abra una investigación previa contra Zambrano y otros 15 funcionarios. Esto puede durar hasta un año, según la ley.

Al menos 13 irregularidades se establecieron en estudios y procesos precontractuales, contractuales, ejecución y fiscalización de proyectos realizados de forma directa en el sector de La Manga del Cura.

Esto se conoció el pasado viernes 27 de julio del 2018 y este lunes la Contraloría informó sobre las sanciones de destitución y la predeterminación de responsabilidades administrativas (glosas) por USD 2,2 millones en contra de Zambrano y otros funcionarios y otra sanción por USD 167 433.

Los funcionarios tienen 30 días para presentar sus argumentos de descargo a la Contraloría y luego se emitirá un nuevo pronunciamiento.

Entre los hallazgos está que la Prefectura contrató trabajos que ya fueron ejecutados y cancelados por USD 763 123 sin IVA, para la rehabilitación y señalización de la vía El Paraíso, La 14, El Pintado, en El Carmen.

Esta obra fue contratada con la Empresa Pública Manabí Construye, en enero del 2017.

Otro hallazgo está relacionado con la adjudicación de la fiscalización de la rehabilitación de la vía Santa Ana-Olmedo, a un oferente que no cumplía con el perfil requerido.

Para la ampliación de esta vía, Manabí Construye subcontrató a dos firmas por USD 4,5 millones, que representó el 40,2% del segundo contrato firmado con la Prefectura. Esto ocasionó que el valor de la subcontratación supere el 30% que fija la norma.

En esta misma obra, la dirección financiera de la Prefectura, entre el 1 de agosto del 2014 y 30 de noviembre del 2017 no pagó, dentro de los 30 días luego de suscrito el contrato, el 100% del anticipo. Esto ocasionó que se desfasara el inicio de los trabajos.

También se contrataron obras de forma directa por emergencia sin justificaciones, cuando los contratos se firmaron luego del terremoto de abril del 2016.

Esto ocurrió con la rehabilitación de las vías Jipijapa-Noboa y Ayacucho-La Unión, tramo 1. En este último se contrató con precio global, sin incluir el detalle de cantidades y precios de los rubros que se ejecutaron en las obras.

En el contrato de construcción del parque educativo vial de Portoviejo no se aplicaron multas por los días de retraso, por un monto de USD 41 546.

En el recorrido de varias construcciones se evidenció que el material no cumple con los espesores de estructuras fijados en los estudios y los contratos. Por ejemplo, en la rehabilitación de la vía desde la subida de Sucre hasta el sitio La Planchada, de las parroquias Sucre y Bellavista.

Este Diario intentó localizar este lunes 30 de julio del 2018 al Prefecto, vía telefónica, pero no fue posible hasta el cierre de la edición.

Antes de la determinación de estas responsabilidades, se abrió una investigación por parte de la Fiscalía por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Esto ocurrió a principios de abril, luego de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) saliente presentara el informe concluyente Nº 145-2017, para que se establezcan presuntas responsabilidades. La denuncia inicial la presentaron los juristas manabitas Francisco Bravo, Marcelo Farfán y el exlegislador Leonardo Viteri. Señalaron que el funcionario omitió en su declaración patrimonial acciones en el Corsorcio Mard­comsa-Marzam, que tiene contratos públicos.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (130)
No (10)