El procurador síndico de la U. de Guayaquil, Rommel Martínez, habló en representación del rector Galo Salcedo. Explicó que presentaron las pruebas de descargo a la Contraloría y que las irregularidades se presentaron en administraciones anteriores. Foto: EL COMERCIO
Un plazo de 60 días corre para que la Controlaría General del Estado dé su informe definitivo sobre la emisión de supuestos títulos fraudulentos en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil.
Este examen se conoció en junio pasado y analizó la firma de 27 títulos de abogados, que fueron registrados en la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt). En los informes preliminares se determinaron responsabilidades civiles y penales contra las autoridades del centro de estudios.
Este miércoles 1 de agosto del 2018, un grupo de la Comisión Nacional Anticorrupción de Guayas acudió a la Delegación provincial de la Contraloría para conocer cómo avanza el proceso.
Julián Aguayo, miembro del observatorio universitario, explicó que hubo advertencias de irregularidades en esos títulos. “Con esa advertencia tenían que investigar, pero no mandaron a investigar sino que firmaron”, dijo.
El procurador síndico de la Universidad de Guayaquil, Rommel Martínez, aclaró que no son títulos falsos sino mal emitidos, porque no se siguió el procedimiento administrativo correspondiente.
“La omisión es de la facultad. Los filtros comienzan en la secretaría de la facultad, luego pasan por el decano, van a la secretaría general y finalmente llegan al señor rector”, explicó.
Un grupo de estudiantes y jubilados realizó un plantón en los bajos de la Delegación Guayas de la Contraloría General del Estados. Adentro, miembros de la Comisión Anticorrupción de la provincia conocía los avances de los informes sobre presuntas irregularidades en la Universidad de Guayaquil. Foto: EL COMERCIO
Aclaró que esos títulos se emitieron en administraciones anteriores y que las falencias surgieron en la Unidad de Titulación. “Sería impensable que el rector se remita a la documentación de cada estudiante. Al año se firman alrededor de 6 000 títulos de tercer nivel”.
La Universidad presentó sus pruebas de descargo la semana pasada y desde entonces corren los 60 días para el análisis final. En informes preliminares se determinó la posible destitución de autoridades, entre ellos el rector Galo Salcedo.
El análisis de la Contraloría a los títulos abarcó el periodo de enero de 2015 a noviembre de 2017. Según el informe, algunas actas de grado se emitieron dos meses antes de que los estudiantes culminen su trabajo de titulación y otras sin que los estudiantes hayan realizado ningún tipo de trabajo de titulación.
Otros exámenes especiales apuntan a construcciones dentro de la universidad. De 19 obras, cuatro han sido analizadas y tienen observaciones por irregularidades. Por ejemplo, la remodelación de la plazoleta central habría tenido un sobreprecio USD 300 000.
Otro está relacionado con la excesiva contratación de personal durante la intervención del Estado al centro de estudios. Solo en 2014 se advirtió la contratación de 2 600 funcionarios administrativos y otros 2 320 entraron un año después.
En otro informe se detectó incrementos de remuneraciones y viáticos, que no fueron justificados con documentación por el área de Talento Humano de la universidad, según la Contraloría. Este sumaría un perjuicio que superó los USD 8,8 millones.
El mayor rubro corresponde a aumentos de sueldos por USD 7,5 millones. Esta revisión abarcó de enero de 2012 a abril de 2017.
Frente a este examen, el procurador de la Universidad de Guayaquil indicó que se ejecutaron bajo revalorizaciones, recategorizaciones en el caso de los docentes, y reclasificaciones para el personal administrativo. “Tenemos todos los respaldos. No es que porque le cayó bien alguien se le subió el sueldo de USD 1 000 a 2 000. Hay todo un proceso que se siguió”, aseguró.
Durante la mañana, un grupo de jubilados y estudiantes participó en un plantón en los bajos de la Delegación Guayas de la Contraloría. En la calle extendieron una pancarta que resumía su pedido: ‘Fuera Salcedo’.
Andrés Rendón, docente jubilado, reclamó por el incumplimiento de la jubilación complementaria. “Tenemos una resolución de la Corte Constitucional a nuestro favor y no se cumple. Son USD 290 que me pueden servir para mi tratamiento contra el cáncer”, dijo.
Las quejas de los estudiantes apuntan a la venta de cupos. 65 jóvenes pagaron hasta USD 3 000 para ingresar a la carrera de Terapia Respiratoria en la Facultad de Ciencias Médicas.
Ocho funcionarios de la universidad fueron separados. Este caso es investigado por la Fiscalía bajo el presunto delito de asociación ilícita y concusión.