Edificio de la Contraloria General del Estado.Foto Marcelino Rossi / EL COMERCIO
La Contraloría General del Estado estableció glosas por USD 165 millones en contra de la empresa Sinohydro. Este anuncio lo hizo el contralor Pablo Celi en el marco de su rendición de cuentas, la mañana de hoy, martes 26 de febrero del 2018.
Celi señaló que en la auditoría sobre los contratos para la fiscalización y construcción del proyecto Coca Codo Sinclair se generó un perjuicio al Estado por USD 165 millones. Esto debido a incumplimientos en los términos del contrato y fallas estructurales. Dichas falla causaron 7 648 fisuras en los distribuidos de las unidades de la central hidroeléctrica.
La auditoría también evidenció que se ampliaron los plazos y no se cobraron multas por USD 80 millones a Sinohydro.
El tema con Sinohydro no quedó allí. De acuerdo con Contraloría, el examen especial a 10 proyectos viales que se hicieron en seis provincias del país, estableció que hay responsabilidades civiles por USD 174 millones. Esas obras estuvieron a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
Contraloría señala que Sinohydro contrató con el Estado por USD 367 millones y subcontrató a otras empresas nacionales para realizar las obras por USD 235 millones, es decir, por encima del límite legal de subcontratación del 30%.
También se concluyó que hubo modificación de precios unitarios, incrementando los costos en USD 29 millones, no se cobraron multas por USD 10 millones y se pagaron sin sustentos técnicos ni jurídicos otros USD 6 millones.
En la rendición de cuentas también se mencionó que la Contraloría aprobó 2 551 informes generales y que se enviaron 268 con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía General del Estado. Estos informes tienen que ver con operaciones del sector petrolero y la administración de los recursos destinados a solventar las necesidades derivadas del terremoto de 2016. Las glosas sumaron USD 814 millones y se establecieron multas por USD 20 millones.
Finalmente, Celi se refirió al examen a la deuda pública contraída entre el 2012 y 2017. El resultado es la emisión de de informes con indicios de responsabilidad penal en contra del ex presidente de la República, Rafael Correa y los ex ministros de Economía y Finanzas. Esto debido a a la emisión del decreto ejecutivo 1218 y porque declararon secretas y reservadas a las operaciones de endeudamiento.