5 de octubre de 2020 00:00

Contraloría examina 277 contrataciones realizadas durante la pandemia

En junio, agentes realizaron 12 allanamientos en el caso de la Empresa Agua de Quito

En junio, agentes realizaron 12 allanamientos en el caso de la Empresa Agua de Quito. Foto: Archivo El Comercio

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Ana Belén Rosero
Redactora (I)

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En la lista aparecen hospitales del Ministerio de Salud, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de la Policía o gobiernos locales. Los contratos que allí se firmaron, desde el inicio de la crisis sanitaria, ahora son rastreados desde la Contraloría General del Estado.

Del 16 de marzo, cuando estalló la pandemia, al 30 de septiembre, la entidad inició 277 exámenes especiales a contrataciones ejecutadas en medio de la pandemia de coronavirus.

La idea es verificar si se cometieron irregularidades. Además, la intención es establecer si las adquisiciones efectuadas eran necesarias o no y si cumplían con los pasos legales establecidos.

Hasta el momento se han establecido 29 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP), que fueron remitidos a la Fiscalía General para que se inicien acciones.

En esa lista hay ocho casas de salud de Quito, Guayaquil e Ibarra. Además, aparecen seis entidades municipales, provinciales y dos gubernamentales.

Los principales hallazgos tienen que ver con los precios establecidos para comprar insumos médicos, mascarillas, trajes de bioseguridad, alcohol, gel antibacterial, fundas para cadáveres, pruebas para detectar covid-19, medicamentos, máquinas de desinfección y kits de alimentos.

En uno de los informes se menciona a la Empresa Agua de Quito. Allí se detectaron irregularidades en los procesos para contratar servicios para desinfectar sus instalaciones.

Documentos judicializados muestran que la entidad pagó USD 0,59 en exceso por cada metro cuadrado del área que entraba a desinfección.

Según el ente de control, el precio total tuvo una “diferencia no justificada” del 269%.

Además, los investigadores dijeron que los funcionarios a cargo de la compra no alertaron que en las bodegas sí había existencias de productos químicos para la limpieza, como hipoclorito de sodio.

En los hospitales Guasmo Sur y Los Ceibos, de la ciudad de Guayaquil, también se establecieron IRP por anomalías en cuanto al precio de las fundas para cadáveres.

En el primer hospital se determinó que el sobreprecio fue de 1 283%. Por el contrato se pagaron USD 43 578.

En Los Ceibos, el porcentaje llegó a 1 311 y se pagaron USD 594 000. Según los auditores, ambas adquisiciones no debían superar los USD 46 910.

Las indagaciones determinaron que esos insumos tampoco cumplían las características técnicas necesarias. Además, se dijo haber beneficiado a los vendedores y que se incumplieron los parámetros de la Ley de Contratación.

En el Hospital General de Ibarra, donde se compraron insumos médicos, equipos de bioseguridad, bolsas para cadáveres y medicamentos, también hubo hallazgos.

Los datos de estas tres casas de salud ya están en poder de la Fiscalía General. Hasta el momento, esta entidad confirmó que ha abierto 120 expedientes por los delitos contra la administración pública.

Los ilícitos que indaga esa entidad son peculado, asociación ilícita, tráfico de influencias, defraudación tributaria y alteración de evidencias.

La fiscal general, Diana Salazar, dijo que 109 casos siguen en la primera fase de indagación y 11 han pasado a la etapa de instrucción fiscal. Señaló que 380 personas son investigadas, 85 están procesadas penalmente y hay 55 detenidos.

“Uno de los principales hallazgos fue que el sistema de contratación en Ecuador es permeable”, sostuvo.

Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, indicó a este Diario que en mayo pasado presentó al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, 23 procesos de contratación de insumos médicos en siete hospitales de la red estatal.

Allí se habrían encontrado sobreprecios. Rodas añadió que “estos casos se ejecutaron en complicidad con 11 proveedores con quienes dirigían esas casas de salud”. Esta información también fue remitida a la Contraloría General.

La Secretaría de Salud de Quito es otra entidad intervenida por el ente de control. Se detectaron irregularidades en la compra de 100 000 pruebas PCR de covid-19.

En este caso, la Fiscalía formulará cargos penales el próximo 21 de octubre. Siete personas son señaladas por el presunto delito de peculado.

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