15 de octubre de 2019 15:36

Contraloría analiza dos edificios para retomar sus actividades tras ataque en su matriz en Quito

El edificio de la Contraloría General del Estado, en Quito, quedó destruidos por el incendio provocado durante las manifestaciones. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

El edificio de la Contraloría General del Estado, en Quito, quedó destruidos por el incendio provocado durante las manifestaciones. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

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Dos edificios en Quito han sido determinados para que sirvan como sede de la Contraloría General del Estado. Así lo informó José Agusto Briones, secretario de la Presidencia de la República, en una entrevista televisiva la mañana de este martes 15 de octubre del 2019.

Esta decisión surge luego de que el edificio matriz del organismo del estado resulte inhabilitado tras haber sido incendiado por supuestos manifestantes encapuchados, el sábado 12 de octubre.

Agusto Briones comentó que ayer, 14 de octubre, hubo una sesión de trabajo con el contralor general, Pablo Celi. “Hemos determinado dos edificios que podrían ser utilizados por la Contraloría para que siga adelante en sus funciones”.

Los ataques que sufrió el edificio de la Contraloría General del Estado. Captura video

Explicó que la Contraloría continúa la evaluación de los daños en sus intalaciones. Sin embargo, dijo que se ha evidenciado, de acuerdo a los peritajes realizados, que “esto fue fríamente calculado”.

Los departamentos de cauciones y de determinación de responsabilidades fueron los que primero resultaron atacados. Explicó que el edificio tiene una estructura metálica con vidrio y que incluso se colocaron dispositivos para debilitar la estructura.

“Todo esto fue planificado, es el trofeo de la barbarie y que evidencia a quienes les interesaba que eso se destruya, están ahí evidenciados”, manifestó.

Agusto Briones finalizó que “para la mala noticia de estos delincuentes organizados”, es que mucha información que se perdió está digitalizada y el núcleo de información para los procesos está en cada una de las instituciones que están siendo auditadas. “Evidentemente que hay pérdidas (…) pero existe respaldo de esta información”.

Luego, en una entrevista radial, Briones comentó cuestionó que algunos de quienes fueron detenidos el día de la toma del edificio, hayan sido liberados por una jueza. “Esta debe ser una cruzadas del Estado y de la ciudadanía. Esto no es solamente responsabilidad del Gobierno”.

Por este caso, la Fiscalía había pedido prisión preventiva por delito de terrorismo contra los 27 detenidos. No obstante, la jueza dispuso la prisión preventiva para 14 de ellos; a los 13 restantes se les dio medidas sustitutivas como presentación dos veces por semana antes las autoridades de justicia. La instrucción fiscal durará 30 días.

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