28 de agosto de 2018 00:00

Contraloría y enjuiciados por el 30-S revisan gastos

Este lunes 27 de agosto del 2018, Óscar Ayerve y los miembros de la Asociación del 30-S llegaron a la Contraloría. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Este lunes 27 de agosto del 2018, Óscar Ayerve y los miembros de la Asociación del 30-S llegaron a la Contraloría. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Reds. Seguridad y Política. (I)

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Siete miembros de la Asociación de Víctimas del 30-S trabajarán, junto con la Contralo­ría, en la elaboración de un examen especial y de control sobre los fondos que destinó el anterior Gobierno a este caso.

Para el contralor Pablo Celi, se trata de un ejercicio de “verdad y justicia”. Para 298 personas enjuiciadas después de la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010, esta es una oportunidad para demostrar que el Estado empleó recursos públicos para perseguirlos.

Así lo explicó este lunes, 27 de agosto del 2018, Óscar Ayerve, quien encabeza el colectivo. Él y otros seis integrantes del grupo acudieron a la Contraloría y se posesionaron oficialmente como veedores del examen especial.

“Estamos conscientes de la responsabilidad que implica el rol de veedores en un tema tan delicado, que conmocionó al país entero. Buscamos que se luche contra la corrupción, la impunidad y el abuso del poder”. Así se pronunciaron, mediante una carta, los demás veedores: Gerardo Zapata, Francisco Guzmán, Humberto Chichambe Yépez, Ricardo Rengifo, Patricio Simancas y Patricia Santillán.

Según Ayerve, la auditoría incluirá los gastos de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) y medios públicos que fueron utilizados para la difusión de una campaña comunicacional sobre el tema.

Contraloría y enjuiciados por el 30-S revisan gastos

Otro aspecto que abordará el estudio de la Contraloría el dinero que se gastó por los festejos del 30-S, en los diferentes aniversarios que se realizaron desde el 2011 al 2016.

Por ejemplo, un año después de la protesta, se exhibió un documental sobre el hecho en el país y también en Madrid, a través de la Embajada ecuatoriana y en cuya elaboración participó


En el cuarto aniversario, el Gobierno develó una placa en honor a Juan Pablo Bolaños, uno de los cinco fallecidos en las protestas. En la Escuela de Formación de Soldados (Esforse), también se erigió un monumento: un busto en honor al soldado Darwin Panchi, uno de los asesinados.

Para Zapata, otro de los veedores, la parte medular de la auditoría será revisar los gastos reservados de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y sobre los fondos que supuestamente se destinaron a la Comisión del 30-S, que estuvo integrada por Óscar Bonilla, Diego Guzmán y Carlos Baca Mancheno.

Sobre esto ya existe una investigación en la Fiscalía de Pichincha contra Baca. Este expediente se inició a partir de un informe en donde se detallan supuestos pagos a los miembros de esta comisión, pese a que su trabajo era sin remuneración.

Sin embargo, Celi ha confirmado que tal documento no existe. Por eso ahora los miembros del colectivo 30-S piden que se establezca si los exfuncionarios recibieron o no dinero de la Senain por su trabajo.

Además de revisar los fondos, los miembros de la Asociación pidieron que la Contraloría actúe en pro de la condonación de las glosas que fueron impuestas a militares y policías, por paralización de servicios públicos.

Según uno de los oficiales glosados, quien aún es miembro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, la Contraloría le descontó USD 3 326 de su salario. Esto a pesar de que él fue declarado inocente en un juicio por paralización de servicios públicos.

“La única prueba contra mí era que ese día yo laboraba en el Ala de Transporte Nº 11, de la Base Aérea Mariscal Sucre”, contó el oficial, quien pidió no citar su nombre.

Los perjudicados dicen que en total 320 militares y policías del grupo canino fueron glosados con esa cantidad. Esto suma USD 1 032 320, cuya restitución ahora solicitan.

En el ámbito judicial, la Fiscalía ha abierto 74 expedientes en donde ha investigado delitos como suspensión de servicios públicos, atentado contra la seguridad interior del Estado, insubordinación, sedición, incitación a la rebelión y otros.

22 personas han sido halladas culpables y a 76 se les confirmó su inocencia.

Un grupo de estas personas, quienes se identificaron como perseguidos políticos, acudieron al Consejo de la Judicatura de Transición para exponer sus casos y lograr que el organismo los reconozca como víctimas de la justicia.

Para el colectivo, el trabajo de la Judicatura y de la Contraloría “es un momento de esperanza, de que se aplique el debido proceso, se haga justicia y se sancione a los responsables demontar una gran farsa”.

En contexto

El gobierno del expresidente Rafael Correa ha asegurado que el 30-S fue un intento de golpe de Estado y que ese día estuvo secuestrado y se intentó asesinarlo. Además de militares y policías, también fueron procesados abogados, activistas políticos y dirigentes sociales.

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