20 de octubre de 2019 00:00

Así es el contrabando del combustible en 6 provincias del Ecuador

La gasolina es llevada en lanchas en San Lorenzo, Eloy Alfaro y Rioverde. Foto: archivo / EL COMERCIO

La gasolina es llevada en lanchas en San Lorenzo, Eloy Alfaro y Rioverde. Foto: archivo / EL COMERCIO

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Redacción El Comercio
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La salida ilegal de combustibles por las fronteras norte y sur es un problema que Ecuador afronta desde que hay subsidios, en la década de los 70.

Es un negocio que genera un perjuicio para el Fisco por unos USD 400 millones anuales y no tiene una salida visible.

El combustible sale por rutas convencionales, a través de las tres provincias fronterizas con Colombia: Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos; y por las de frontera sur, con Perú: El Oro, Loja y Zamora Chinchipe.

EL COMERCIO accedió a un informe de la Unidad de Investigaciones de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos (Uideh) de la Policía -creada en el 2007-. En él se evidencia la problemática detalladamente.

De Esmeraldas sale, principalmente, la gasolina de pesca artesanal a costas colombianas, en donde separan sus componentes (90% nafta y 10% aceites) para usar la gasolina blanca como precursor químico para procesar droga.

Los puntos más críticos han sido San Lorenzo, Eloy Alfaro y Rioverde, desde donde se lleva el producto en lanchas.

La Policía revela que, en complicidad con despachadores o administradores de las estaciones de servicio y depósitos, los pescadores adquieren el galón subsidiado a USD 0,90 centavos y lo revenden a intermediarios a USD 1,20.

Estos intermediarios -parte de organizaciones delictivas- trasladan el producto por vía terrestre y marítima a muelles en donde hay bodegas clandestinas. En la noche, lanchas parten a Santa Rosa y Limones.

En embarcaciones de alto calado suben ilegalmente 850 galones diarios y 25 500 mensuales hasta Tumaco, Colombia.

Según el informe, en Carchi el negocio ilegal es más arraigado, pues es ‘heredado’ y se calcula que más de 6 000 personas se dedican a él.

La modalidad más común es el llamado “hormigueo”, en el cual un vehículo se abastece varias veces al día en un tanque de almacenamiento.

De acuerdo con la Uideh, un vehículo realiza tres viajes diarios con 20 galones cada uno, es decir, 60 al día; pero estas organizaciones cuentan con un promedio de 10 automotores.

En consecuencia, estarían descargando en bodegas ilegales de Ipiales y comercializando 600 galones diarios: 18 000 mensuales. El subsidio por galón es de USD 1,04.

Los subsidios han sido una pesada carga fiscal. Del 2006 al 2019 se presupuestaron USD 33 247 millones para derivados, que representa casi la deuda externa actual del país.

El Observatorio de Energía y Minas de la UDLA calcula, con base en el volumen consumido, los precios internos y externos y el ajuste inflacionario, que el costo entre 2015 y 2018 es de USD 44 278 millones. Esto equivale al 42% de lo que produce el Ecuador, reflejado en el Producto Interno Bruto.

Según el secretario de la Presidencia, José Agusto, se destinan USD 1 400 millones para subsidios, y de estos 40% se va a negocios ilícitos. Esto es USD 560 millones. Sin embargo, el presidente Moreno dijo el viernes 18 de octubre del 2019 que este negocio suma USD 400 millones al año.

Al igual que en Esmeraldas, en Sucumbíos el contrabando está vinculado al narcotráfico. Se ha identificado que organizaciones delictivas perforan oleoductos y poliductos de Petroecuador. Colocan acoples en las líneas de flujo y mangueras plásticas de 800 metros, que están conectadas a bombas de succión que abastecen a piscinas artesanales.

Al crudo lo refinan y lo convierten en gasolina natural. Esta y la que obtienen de los poliductos es llevada a Colombia por pasos terrestres y fluviables clandestinos.

En este caso, también se convierte en precursor químico en la cadena de producción de alcaloides, los cuales luego entran a Ecuador para enviarse a México y Centroamérica.

A través de los llamados pinchazos obtienen, según la Policía, al menos 1 500 galones diarios; en total, 45 000 al mes.

En la frontera sur, en El Oro y Loja, la situación es similar a la del Carchi, es decir, se trata de un negocio familiar. Los grupos abastecen a bodegas ilegales cercanas al canal de Zarumilla y en tricimotos trasladan el combustible al lado peruano. En el caso lojano, la gente de Macará, Zapotillo y Alamor se lleva el combustible a reservas en territorio peruano.

En Zamora Chinchipe, mientras tanto, se usa el combustible para mover maquinaria pesada en la minería ilícita.

Por otra parte, la Policía señala que se desvía el combustible del sector industrial o automotor subsidiado a los sectores que no tienen este beneficio; son al menos 30 000 galones al mes. El subsidio en este caso es de USD 1,05 por galón.

El Observatorio de Energía y Minas considera que estos subsidios son “regresivos”, se transfieren en mayor proporción a quienes más tienen.

Una posible eliminación de subsidios para los hogares con más ingresos implicaría un incremento en el gasto de 7%, es decir, USD 105 mensuales.

El informe concluye que incluso en el escenario de una posible eliminación de los subsidios, el costo de los combustibles seguiría siendo bajo en comparación con otros países de la región.

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