Daniel L., en su casa, en Cuenca , intenta recuperar su vida luego de estar preso. Foto: EL COMERCIO
Fueron acusados de vender droga y quedaron arrestados. Pero después de un juicio, los magistrados los liberaron porque determinaron que no eran traficantes sino consumidores.
No son pocas las personas que han pasado por esta situación. Entre el 2007 y el 2013, la Defensoría Pública dice que
1 143 detenidos recuperaron su libertad después de que en los tribunales se demostrara que no eran expendedores sino dependientes de alcaloides.
Daniel L. está en ese grupo. Tenía 17 años cuando, en el 2012, fue detenido en Cuenca.
Todo sucedió un día, cuando después de clases se quedó bebiendo alcohol y consumiendo marihuana con amigos.
En la noche se percataron de que la droga no sería suficiente para todos y buscaron más. Fue allí cuando los policías los interceptaron y en la mochila de Daniel encontraron 90 gramos de narcóticos. Lo acusaron de ser expendedor y lo sentenciaron a ocho años de cárcel. Pero cumplió dos, porque la Corte Nacional de Justicia confirmó que era consumidor y no microtraficante.
Esa línea entre ser considerado dependiente o vendedor de drogas ahora es más débil. Al momento está vigente una tabla sancionadora que establece lo siguiente: con 1 gramo de clorhidrato de cocaína, con 2 gramos de pasta base o 0,1 gramos de heroína pueden ir a la cárcel hasta tres años.
Eso quedó aprobado el jueves en la nueva Ley de Drogas.
Para Daniel, el arresto fue un “hecho nefasto”. Abandonó sus estudios en Bachillerato, su familia cayó en una crisis económica por afrontar el litigio judicial y su madre sufrió un paro cardíaco. Antes de que su vida cambiara, él recuerda que, como todo joven, solo quería “pasar el rato” con sus amigos.
Luis D. tiene una historia similar. Hoy tiene 44 años y recuperó su libertad luego de cumplir ocho años, de una condena de 20, por llevar en sus bolsillos 18 gramos de cocaína.
En enero del 2007, cuando fue arrestado, no negó que la droga en sus bolsillos era suya, pero explicó a los policías que tenía problemas de adicción desde los 18 años. A pesar de que presentó documentos de centros de rehabilitación en salud fue juzgado como microtraficante.
Luis fue liberado recién en marzo pasado y se reunió con su familia en su natal Loja.
Denisse A. tenía 27 años cuando su vida cambió: fue detenida mientras cruzaba el Puente Internacional de Rumichaca (Carchi) con droga escondida en su sostén.
Para entonces, la joven llevaba consumiendo droga los últimos 10 años. Empezó con la marihuana por problemas en la relación familiar. Luego siguieron la cocaína y el LSD. Estudiaba Derecho y trabajaba en un estudio jurídico cuando le encontraron 20 gramos de cocaína y 1,5 de marihuana.
Estuvo casi dos meses encerrada hasta que su medida cautelar cambió. En octubre pasado fue declarada inocente: era consumidora. En el juicio, incluso, la defensa de la joven presentó una prueba psicosomática para determinar el grado de dependencia a las sustancias. El informe médico determinó que su consumo era de “moderado a grave” y que la cantidad encontrada era suficiente para su uso personal.
Dennise tampoco negó que la droga fuera suya el día que fue aprehendida. Pero aseguró a la Policía que había viajado a Colombia porque le contaron que allá la sustancia era más barata y que necesitaba usar.
Ella tenía problemas económicos a causa de su consumo, ya que cada día necesita hasta cinco dosis de la droga. Así que pensó que podía ahorrar un poco si viajaba a ese país y la dquiría directamente con algún expendedor. También estuvo en una clínica que trabajaba en la recuperación de adicciones, pero solo asistió tres semanas.
Su familia le propuso viajar al exterior para que se rehabilitase, pero no quiso porque aseguraba que podía controlar el uso de las sustancias.
La Constitución (art. 364) garantiza la no criminalización del consumo de sustancias ilegales, sino que se determina este comportamiento como un problema de salud pública.
De agosto del 2014 a agosto pasado otras 2 237 personas, patrocinadas por la Defensoría, recuperaron su libertad.
Allí están quienes se beneficiaron de las penas más bajas que establece el actual Código Integral Penal (COIP).
Los casos de consumidores encarcelados se repiten unos tras otros. Luis V., por ejemplo, estuvo encerrado cinco meses.
En ese tiempo, este joven de 31 años perdió su trabajo, su dinero, sus estudios de Ingeniería Ambiental y hasta su matrimonio. “Soy un simple consumidor de marihuana”, reconoció ante un juez de Guayaquil. Él fue detenido el 28 de enero del 2014 en su vivienda, en San Cristóbal, Galápagos.
La Policía halló tres macetas con cannabis y fue acusado de siembra y cosecha de droga.
Al juez detalló que consumía el cannabis (marihuana) por las noches y que para él era la única medicina que calmaba su insomnio, fuertes dolores de cabeza y afecciones musculares. En junio del 2014 recuperó su libertad; la justicia reconoció que era otro consumidor.
Informe
Con los nuevos cambios, con 2gramos de pastabase de cocaína se puede ir a la cárcel tres años.
En contexto
La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) reconoció a inicios de este año los avances del Ecuador en su legislación sobre las drogas. Uno de los puntos que resalta es el indulto a las mulas, en el 2008, y la “racionalización” de las penas por escalas que tenía el COIP.
