16 de noviembre de 2017 00:00

La disputa por la consulta se llevó a la Corte Constitucional

Alrededor de las 17:00 concluyó la primera audiencia sobre cinco preguntas de la consulta, en la Corte, ayer, 15 de noviembre de 2017. Foto: Diego Pallero/EL COMERCIO

Alrededor de las 17:00 concluyó la primera audiencia sobre cinco preguntas de la consulta, en la Corte, ayer, 15 de noviembre de 2017. Foto: Diego Pallero/EL COMERCIO

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Redacción Política

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Parte del contenido de la consulta popular se fustigó y, al mismo tiempo, se defendió en dos escenarios simultáneos; uno tuvo un tinte más político y el otro fue judicial.

El primero se instaló en los alrededores de la Corte Constitucional (CC). Un cordón policial dividió a los simpatizantes y los detractores del Gobierno, en la avenida 12 de Octubre, en el norte de Quito.

Sus gritos por el sí y por el no a la consulta se robaron la atención de los transeúntes y choferes que circularon por el lugar ayer, 15 de noviembre de 2017, por la mañana.

El otro escenario se levantó en el cuarto piso de la Corte. Ahí se desarrolló la primera audiencia sobre cinco de las siete preguntas de la consulta. 43 personas se habían inscrito para participar, pero finalmente llegaron 37. La mayoría defendió la tesis ‘correísta’.

Es decir, que las preguntas sobre la reelección indefinida y el cese de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) son inconstitucionales y que atentaban contra los derechos.

Lo repitieron, acudiendo incluso a los mismos términos, las figuras del oficialismo como los asambleístas de Alianza País Gabriela Rivadeneira, Verónica Arias, Carlos Viteri Gualinga, Soledad Buendía, Pamela Aguirre y Fernando Cordero. El último llegó como titular de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Sumaron en total 23 intervenciones en contra de la iniciativa gubernamental.

Marcela Aguiñaga
, incluso, retó a los jueces de la Corte Constitucional. Con voz firme, el ceño fruncido y la mirada desafiante les recordó que ellos también fueron quienes, en 2015, permitieron la reelección indefinida por la vía de la enmienda.

Entonces emitieron un fallo en el que se señalaba que la reelección indefinida garantiza los derechos. Los jueces no respondieron. Se limitaron a escuchar en silencio. La sala de la Corte estuvo llena, atenta a lo que ocurría.

Tatiana Ordeñana, encargada de procesar las cinco preguntas de la consulta, será quien decida los argumentos esgrimidos en las audiencias que se tomará en cuenta a la hora de escribir la resolución que será discutida en el Pleno del organismo. Tiene un plazo de 10 días para hacerlo.

Luego, la asambleísta Soledad Buendía mencionó que se quiere evitar que el expresidente Rafael Correa vuelva al país para recuperar el proceso de la denominada Revolución Ciudadana y ponerse al frente de Alianza País. También hubo voces que cuestionaron en la audiencia la pregunta sobre la explotación minera.

De entre las intervenciones donde se manifestó un claro apoyo a la consulta popular se destacó una, la de Geovanni Atarihuana, director de la Unidad Popular (UP). Su frase hizo que los ‘correístas’ se desencajaran y reaccionaran, airados, como si se hubiera tratado de un debate público.

“Las viudas del antiguo Régimen”, dijo en alusión a quienes -a su juicio- se mueven en función de intereses políticos, económicos y no por la urgencia de terminar con un sistema heredado del anterior Régimen que facilitó la concentración de poder.

No hizo falta que Atarihuana mencionara los nombres. Estaban en el otro extremo de la sala de la Corte. Ellas reclamaron. En la calle, en cambio, los militantes de UP, que seguían la transmisión de la audiencia a través de dispositivos móviles, celebraron el hecho con aplausos y más consignas a favor de la consulta.

La jueza Ordeñana tuvo que intervenir para pedir respeto y evitar que la sesión terminara en acusaciones entre los actores que habían presentado en los días previos recursos a las preguntas de la consulta (amicus curiae).

El respaldo que tuvo el presidente Lenín Moreno en la audiencia fue principalmente de grupos políticos por fuera de Alianza País, como la propia Unidad Popular.

Y hubo cinco intervenciones que resaltaron la importancia de las preguntas para recuperar la institucionalidad. Ahí se cuenta la de Diego Guarderas, subsecretario jurídico de la Presidencia de la República.

Él fue en representación de Moreno, quien fue a Guayaquil (ver nota inferior), con las principales autoridades de su Gabinete y representantes del Legislativo que lo apoyan.

Guarderas habló en el arranque y también al final. Fue el único que tuvo más tiempo, por ser proponente de la consulta. La audiencia culminó alrededor de las 17:00 de ayer.

Él dio argumentos sobre la necesidad de modificar la Constitución para combatir el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, el lavado de activos y la delincuencia organizada.

Es decir, habló de las otras tres preguntas de la consulta que el ala ‘correísta’ no trató durante la audiencia. Del Gobierno también estuvieron cinco asesores. La Corte sirvió como otro espacio para medir fuerzas entre uno y otro bando, al igual que los alrededores de ese organismo de Justicia.

Los bandos que se apostaron en la avenida 12 de Octubre no contaban con más de 50 personas, cada uno. Se distinguieron por las grandes banderas que llevaron y por los roces que hubo entre ellos. La Policía intervino para evitar enfrentamientos.

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