Guillermo Lasso y César Montúfar se reunieron ayer en el Hotel Dann Carlton en Quito. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
El acuerdo entre Creo y Concertación colocó nuevamente la consulta popular que evite la relección indefinida. Ayer, 25 de septiembre, Guillermo Lasso y César Montúfar, dirigentes respectivos de cada movimiento, sellaron este pacto, al que esperan que se sumen otras organizaciones “para cuidar la democracia frente a un Estado controlador y totalitario”, argumentaron.
El acuerdo al que llegaron ambos es que solamente se realizará una pregunta, el de la reelección. Hace un tiempo, Lasso había insinuado que sería necesario otra: si se mantenía la dolarización. Era un tema que Montúfar consideraba improcedente porque distraería la atención del electorado frente a un aspecto político trascendental para la supervivencia de la democracia.
Sin embargo, algunas organizaciones políticas no se mostraron de acuerdo con la iniciativa de los dos políticos. Ayer, dirigentes indígenas, estudiantiles, sindicales rechazaron que “la derecha” se esté apropiando de las reivindicaciones sociales que se expresaron en la marcha, entre las que se encuentra la reelección.
“Las únicas diferencias que existen entre el señor Correa y el señor Lasso es solamente el tema de la reelección indefinida”, dijo Nelson Erazo, del Frente Popular.
“Tienen derecho a pensar así”, dijo Lasso sobre la posición de estas organizaciones. Y Montúfar sostuvo que hay algo más allá en juego: los valores democráticos que debieran estar presentes “sin distinción ideológica y más allá de nuestras diferencias”.
Creo y Concertación están a la espera de dos momentos para iniciar el proceso de consulta popular. Uno de ellos es esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC) sobre la solicitud de 17 enmiendas a la Constitución que entregó el bloque legislativo de Alianza País. La jueza Wendy Molina deberá presentar, sin fecha establecida aún, su informe al Pleno.
Si la CC dictamina a favor de los cambios a la Carta Magna vía enmienda -algo que no dudan que así ocurrirá- ambas organizaciones también esperarán hasta el final del primer debate en la Asamblea Nacional, antes de iniciar el trámite.
“Será un largo vía crucis”, dice Lasso al imaginarse enfrentando este proceso de recoger más de 600 000 firmas. Si bien en los corrillos políticos se hablaba de que la intención de Creo que sumar por lo menos dos millones de rúbricas, el excandidato presidencial no se animó a confirmar que ese es el objetivo final. Lo que sí dijo fue que es necesario “blindarse” frente a un proceso que podría “contaminarse”.
“Esperamos contar con un número de firmas que no solamente cumpla con la ley sino que logre evitar que se juegue con la ley”, afirma Lasso.
La experiencia de Yasunidos que no logró conseguir el número de rúbricas necesarias les deja una lección: “el esfuerzo tiene que ser mucho mayor, con rigor cercano a todo el proceso y por lo menos presentar el doble de firmas que exige el Código de la Democracia. Así, el Consejo Nacional Electoral no puede poner ningún pretexto para bloquear el derecho que tenemos a ser consultados”, dice Montúfar.
Por eso no dudan en recurrir a una veeduría internacional, que vigile la legitimidad de la primera hasta la última firma que se acopie.
A pocas cuadras de distancia de donde se encontraban Montúfar y Lasso, la dirigencia de Alianza País convocó a una rueda de prensa. Su objetivo era otro: comunicar el Encuentro Latinoamericano Progresista, que se llevará a cabo los próximos lunes y martes.
El tema de la consulta no pudo evitarse. Doris Soliz, secretaria ejecutiva del movimiento, consideró que se tratan de “Unidades antinatura” y que lo único que les congrega es limitar y acabar con la revolución ciudadana. Las enmiendas, explicó, solo buscan resolver problemáticas que preocupan al pueblo ecuatoriano”.