21 de febrero de 2020 12:42

Cuatros intentos en el último año para consultar sobre el futuro de la minería

Para resolver este pedido, la Corte Constitucional convocó a una audiencia en la que escuchó a las partes, pero también a terceros interesados que interpusieron el recurso de amicus curiae. Foto: Twitter / @CorteConstEcu

Para resolver este pedido, la Corte Constitucional convocó a una audiencia en la que escuchó a las partes, pero también a terceros interesados que interpusieron el recurso de amicus curiae. Foto: Twitter / @CorteConstEcu

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Daniel Romero
Redactor (I)

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El Pleno de la Corte Constitucional (CC) se instaló desde las 09:30 de hoy, viernes 21 de febrero del 2020. La última causa para tratar, según el orden del día, es el pedido de consulta popular antiminera impulsada por el prefecto de Azuay, Yaku Pérez.

Esta será la cuarta causa que trata el Pleno de la CC en su primer año en funciones relacionada con un pedido de plebiscito sobre actividades mineras en Ecuador. Los otros tres pedidos ya fueron negados.

La primera iniciativa fue de Wilmer Meneses Ibarra. Fue ingresado el 20 de mayo del 2019. Solicitó el control constitucional de la pregunta: ¿está usted de acuerdo con la explotación minera en los territorios de las comunidades asentadas en las parroquias de Lita y Carolina (provincia del Carchi); además de Jijón y Caamaño y Goaltal (Imbabura).

Para resolver este pedido, la CC convocó a una audiencia en la que escuchó a las partes, pero también a terceros interesados que interpusieron el recurso de amicus curiae. Dos días fueron necesarios para las exposiciones ya que 63 personas, además de los peticionarios, pidieron ser escuchados.

Finalmente, la CC no dio paso a la pregunta planteada. Argumentó que "no reúne los requisitos de claridad y precisión que exige la Ley".

El segundo intento de dirimir en una consulta el futuro de la minería, fue por un pedido de Yaku Pérez, pero para la provincia de Azuay. El Prefecto del Austro decidió presentarlo por cuenta propia, el 30 de julio de  2019.

Lo hizo de esa manera después de que no obtuvo los votos necesarios en el Consejo Provincial de Azuay para impulsar la consulta como Gobierno Autónomo Descentralizado.

La discrepancia al interior del Consejo Provincial de Azuay motivó otro pedido de consulta. Lo planteó el alcalde del cantón azuayo Ponce Enríquez, Baldor Bermeo. El funcionario buscó el plebiscito solo para su cantón en donde se mostraban a favor de las actividades mineras.

Tanto del pedido de Pérez como el de Bermeo fueron archivados. Respecto al del prefecto de Azuay, la Corte Constitucional señaló que la pregunta ingresada “no garantiza la plena libertad del elector, ni cuenta con un apego constitucional”.

Estas tres causas fueron tomadas por la CC en diciembre del 2019 para realizar un análisis de la línea que ha adoptado para resolver este tipo de pedidos. Una conclusión que puso fin al debate sobre la pertinencia de estos pedidos fue la de qué sí es posible consultar a a un territorio específico sobre el desarrollo de actividades mineras.

Entre las razones para validar este tipo de plebiscitos están “que no existe una prohibición clara y expresa en la Constitución sobre la posibilidad de realizar consultas en esa materia, “que el sistema democrático incluyen expresamente la participación de la ciudadanía, como un derecho en sí mismo” y que “la seguridad jurídica que requieren las actividades económicas, entre ellas la minera, no puede ser contraria o excluyente de la participación y objetivos ambientales previstos en la propia Constitución”.

Sin embargo, el filtro está en el control constitucional de las preguntas. Ninguna de las tres propuestas ha pasado de esa etapa previa para la recolección de firmas. La CC toma en cuenta dos elementos para ejecutar dicho control.

El primero es que es que se garantice la libertad del elector; además de que exista claridad y lealtad en la pregunta. El segundo tiene que ver con que el pedido no incurra en prohibiciones, violaciones constitucionales ni reformas, porque para esos cambios hay otros procedimientos específicos, como reforma parcial o enmienda.

Pérez ha anunciado que en caso de que esta vez su pedido no sea aprobado, el siguiente paso será impulsar una consulta popular nacional para definir el futuro de las actividades mineras en el país.

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