27 de octubre de 2017 00:00

La consulta popular agudiza la confrontación en el oficialismo

La vicepresidenta (e) Alejandra Vicuña dio una declaración con parte del Gabinete

La vicepresidenta (e) Alejandra Vicuña dio una declaración con parte del Gabinete. Foto: Galo Paguay / El Comercio

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Redacción Política

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La consulta popular se tramita en dos procesos. Un referendo, donde están las cinco preguntas; y una consulta -propiamente dicha-, donde están las otras dos.

La propuesta íntegra ha reconfigurado el escenario político nacional. Aunque ningún grupo está en contra de que la ciudadanía sea consultada, las posiciones a favor y en contra del contenido han creado confrontaciones. La más grande es del mismo movimiento Alianza País (AP).

El oficialismo está fragmentado entre la corriente que apoya al nuevo Mandatario y presidente nacional de la agrupación y la que defiende la administración de su antecesor, Rafael Correa.

El movimiento ya no cuenta con la solidez anterior ni con una agenda. Las acciones de quienes están en contra de la iniciativa presidencial llegan a la Corte Constitucional (CC) indistintamente.

El miércoles en la mañana fue Virgilio Hernández, exlegislador y exconsejero presidencial. En la tarde lo siguió el asambleísta Carlos Viteri. Ayer en la mañana lo hicieron primero las legisladoras Liliana Durán, Marcela Aguiñaga y Soledad Buendía.

Momentos después, llegaban Gabriela Rivadeneira, secretaria Ejecutiva de AP, y Ricardo Patiño, segundo vicepresidente. A ellos se sumaron otros miembros del bloque legislativo oficialista para mostrarles su apoyo, aunque sin recursos legales.

Todos posaron para las cámaras y salieron juntos en las fotografías. Sin embargo, aunque llegaban como miembros de AP, los amicus curiae eran entregados a título personal. La Directiva Nacional de AP lleva semanas sin reunirse, por lo tanto, no hay un pronunciamiento nacional al respecto.

La mayoría de estos recursos rechazan dos preguntas del referendo por considerarlas inconstitucionales: la prohibición de la reelección indefinida y la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).

Rivadeneira solo defiende la reelección indefinida. Aguiñaga y Viteri agregan al Cpccs. Hernández suma una tercera, sobre la muerte civil en casos de corrupción, y para la consulta popular presentó otro recurso en contra de la derogación de la Ley de Plusvalía.

Según la Dirección de Comunicación de la Corte, para el referendo han llegado alrededor de 50 amicus curiae y tres para la consulta popular. No todos estos recursos son de rechazo, la misma medida se puede presentar para apoyar la causa.

Esto lo harán desde Centro Democrático, por ejemplo. Así lo dijo Paúl Pacheco, director de la agrupación en Pichincha. Él estuvo acompañando a su director Nacional (y ministro del Trabajo), Raúl Ledesma, en el lanzamiento del nuevo frente político Somos Ecuador.

En este colectivo también está el movimiento Fuerza Compromiso Social, de Iván Espinel (ministro de Inclusión Económica y Social). Y otras 60 agrupaciones sociales entre las que se encuentran sectores representativos del transporte, trabajadores, jubilados, artesanos, servidores públicos, maestros, médicos. Todos ellos antes aliados de Correa.

El objetivo del grupo es respaldar el plan de gobierno del presidente Moreno, a través de la movilización en las calles. Si es necesario incluso en las mismas afueras de la Corte Constitucional.

Algo similar advirtió previamente el segmento de Alianza País que no está de acuerdo con Moreno. Patiño, Soliz, Rivadeneira, entre otros, anunciaron marchas para mostrar a los magistrados su posición.

Hablan de una presunta regresión de derechos y alteración de la estructura del Estado. Según Patiño, la consulta está siendo utilizada de forma “mañosa”. No obstante, Ledesma y Espinel lo negaron.

Mientras los dos ministros lanzaban este nuevo Frente, el resto del Gabinete también hacía pública su posición política de respaldo al Mandatario.

En la sede de la Vicepresidencia de la República, María Alejandra Vicuña -quien está a cargo del despacho y de velar por el desarrollo de la consulta y el referendo- hacía un anuncio, escoltada por ministros, viceministros, secretarios y otras autoridades nacionales.

Todos, en un solo bloque, respaldaron el llamado a la consulta popular y referendo planteado por el Primer Mandatario.
Estuvieron, entre otros, los ministros Paúl Granda (Transporte), Andrés Mideros (Planificación), Rosana Alvarado (Justicia), María Fernanda Espinosa (Relaciones Exteriores), Fander Falconí (Educación), Richard Espinosa (director del IESS).

“La transparencia es la máxima muestra de lealtad para con el pueblo”, dijo Vicuña en el arranque de su intervención. Habló de los “incontables logros” previos. Pero dijo que Moreno, en estos cinco meses, ha colocado los cimientos de la segunda etapa de esa revolución. “Llegó la hora de renovar el proceso. Tenemos derecho a reconocer nuestros errores, reflexionar y a corregirlos”.

Discrecionalidad del juez

Los amicus curiae que hasta ahora han sido presentados no alteran los tiempos normales de tratamiento de la consulta popular y referendo. Está en manos de los jueces decidir si los aceptan o no. En caso de que la respuesta sea positiva, se hace una audiencia con los actores involucrados.

De lo contrario, el proceso sigue sin problema. Estos recursos pueden presentarse solamente hasta que el juez presenta el informe al Pleno.

Según la CC, la jueza Tatiana Ordeñana ya avocó conocimiento del referendo, por lo que el plazo de 10 días hábiles empezó a correr. Pero la consulta sigue sin un juez sustanciador. Dependerá de esos dos magistrados el tomar en cuenta los argumentos presentados a favor y en contra de cada una de las preguntas. Pero solo el pleno de la CC decidirá cuáles llegan a las urnas.

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