15 de agosto de 2019 00:00

El 45% de las casas informales de Quito tiene mayor riesgo sísmico

Ayer, estudiantes de Arquitectura e Ingeniería de la U. Central, la UDLA y la UTE trabajaban en una casa de La Roldós.

Estudiantes de Arquitectura e Ingeniería de la U. Central, la UDLA y la UTE trabajaban en una casa de La Roldós. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Ana María Carvajal
Redactora (I)

En Quito, el 70% de edificaciones son informales, el 80% de ellas podría sufrir daños y el 45% podría colapsar si hay un sismo de alta intensidad, según el Colegio de Arquitectos de Pichincha. Muchas son doblemente vulnerables por estar en zona de riesgo.

Históricamente, el Municipio de Quito ha mantenido constantes acercamientos con la academia, señala Juan Gabriel Barros, especialista del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional. Afirma que allí reposa un estudio hecho bajo convenio con el Cabildo, en los años 90, que fue pionero en el cálculo de la amenaza y el peligro sísmico en la capital.

Pero el terremoto del 2016 en Pedernales le recordó a Quito y a sus autoridades que la ciudad crece y que ese estudio servía cuando era más pequeña y menos poblada. Ahora, señala Barros, el riesgo de pérdidas económicas y humanas es mayor.

Tras ese sismo, la administración pasada ofreció realizar un censo para establecer la vulnerabilidad de las construcciones. Christian Rivera, docente de la Universidad Central, trabajó en el Municipio en el 2016 y afirma que reducir el riesgo sísmico es una tarea de largo aliento. Pero recuerda que se actualizaron las normativas de construcción y se hizo un control en los barrios en plan de regularizarse, para evitar casas en zonas de riesgo. También nació la iniciativa de un convenio con la Politécnica Nacional y la Universidad Católica para actualizar la microzonificación sísmica de la urbe, que se inició en octubre de 2018. 

La tarea está en marcha en el sur y tiene pendiente la firma de nuevos convenios para trabajar en cinco fases más, hacia el norte. Según Barros, la meta es caracterizar el subsuelo de Quito, para identificar microzonas de igual comportamiento sísmico, porque no todos los suelos se comportan igual: unos se licúan, otros se asientan y otros se cuartean. Los hallazgos servirán para un ordenamiento territorial adecuado.

El riesgo de las estructuras


Desde hace dos años, el Foro de la Ciudad y el Colegio de Arquitectos trabaja en un proyecto piloto de reforzamiento estructural para edificaciones vulnerables frente a riesgos sísmicos. Se aplicó en dos viviendas del barrio La Roldós y se extenderá a una escuela.

En las casas se hace un enchape de mamposterías -diseñado por Patricio Placencia, de la Politécnica- a cargo de Juan Ordóñez, del Foro de la Ciudad. En una casa colocaron acero en puntos claves y mallas para reforzar las paredes. El siguiente paso será enlucirlas.

Ordóñez señala que un sismo de mediana o alta intensidad podría causar muchas muertes en Quito. “Queremos demostrar que con una inversión relativamente pequeña se puede disminuir la vulnerabilidad”. La inversión para el piloto es de USD 60 000 (incluye intervención en tres edificaciones, estudios, etc.). Se calcula que reforzar una construcción es 30% menos costoso que levantar una nueva.

Pablo Moreira preside el Colegio de Arquitectos y dice que espera que el proyecto sea la base de una política pública. Considera que el reforzamiento estructural es un primer paso para reducir el riesgo, porque los sismos no avisan y los edificios pueden colapsar. Apunta que es necesaria una mejora en el hábitat. En La Roldós -en proceso de regularización- casi no hay árboles, ni siquiera en los parques.

Rafael Carrasco, secretario de Territorio del Municipio, informó que se firmará un convenio con el Colegio de Arquitectos, que incluye la entrega de USD 30 000 para el proyecto, que será un elemento fundamental en el mejoramiento integral de barrios. “Para tener una ciudad resiliente y sostenible debemos enfocarnos en ese porcentaje que ha construido sin planos ni permisos”.

El plan es que el Cabildo dé directrices en los instructivos de la ordenanza que regulariza construcciones informales para que la gente cumpla, mientras el Municipio busca incentivos con el Gobierno y aboga por créditos para la gente.

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