20 de abril de 2019 00:00

El Cpccs-t dejará tres temas al definitivo

Las propuestas del proyecto para combatir la corrupción se discutirán en el Pleno del Cpccs-t. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.

Las propuestas del proyecto para combatir la corrupción se discutirán en el Pleno del Cpccs-t. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.

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Daniel Romero
Redactor (I)
politica@elcomercio.com

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A 23 días de que se posesione el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo (Cpccs), aún no hay un acercamiento con el Consejo transitorio para empezar un proceso de cambio.

Tres temas quedarían pendientes: la entrega de un proyecto que sugerirá cambios para el control de la corrupción, designar Superintendente de Ordenamiento Territorial y representantes a la Conferencia de Soberanía Alimentaria (Copisa) y actuar como parte procesal en las denuncias presentadas por el Transitorio.

Sin embargo, un tema al que el Transitorio se dedicará, en el tiempo que le resta, es diseñar un proyecto normativo que sugiera cambios en las entidades del Estado para controlar y enfrentar la corrupción.

En el anexo a la pregunta 3 de la consulta popular del 2018, en la que se consultó sobre la reestructuración del Cpccs, está establecido que el Consejo Transitorio “tendrá por misión el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y control, de participación ciudadana y de prevención y combate a la corrupción, para lo cual propondrá a los órganos competentes las reformas necesarias”.

Ese mandato, según Luis Hernández, consejero del Cpccs-t, es el que deben presentar en forma de normativa antes de su salida. “Será una recomendación para hacer cambios desde la Constitución hasta las leyes respectivas para prevenir y facilitar el combate a la corrupción”, manifestó.

¿El nuevo Cpccs está obligado a dar continuidad a lo actuado por el Transitorio? Ismael Quintana, experto en Derecho Constitucional, dice que dar seguimiento a ese proyecto no es una obligación. Los nuevos consejeros están en la facultad de adoptarlo, mejorarlo o presentar uno distinto.

Sin embargo, actuar como parte procesal en las denuncias presentadas sí sería una obligación, en caso de que la Fiscalía encuentre indicios de responsabilidad en contra de los acusados.

Walter Gómez, uno de los consejeros electos el pasado 24 de marzo, señaló que revisará lo actuado por el Transitorio en esas investigaciones. “Lo primero que haré en esos casos será indagar a quiénes investigaron”, manifestó. Gómez comentó que se debe aclarar si las investigaciones realizadas fueron claras y precisas.

Hasta el momento, el Consejo Transitorio ha presentado denuncias en la Fiscalía por los casos de la Refinería del Pacífico, Manduriacu y Reconstrucción de Manabí. Están pendientes las denuncias por la investigación del proyecto Toachi-Pilatón, Pascuales-Cuenca y la construcción de las escuelas del Milenio. Los informes que determinan posibles indicios de corrupción ya fueron aprobados por el Pleno del Transitorio.

Quintana dijo que si el nuevo Cpccs no da seguimiento a las denuncias en caso de ser requerido, estaría incumpliendo con su obligación constitucional de “actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia de sus investigaciones”, según lo establece el numeral 6 del artículo 208 de la Constitución.

El experto en Derecho Constitucional recordó que, al ser dignidades de elección popular, puede ser sometidos a la revocatoria del mandato si no cumplen con sus funciones.

En lo que respecta al proyecto para controlar la corrupción, Hernández dice que planteará que el nombramiento de jueces y fiscales se haga de manera conjunta entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura.

Christian Cruz, consejero electo del Cpccs, señaló que se deben esperar los resultados de las investigaciones. “Si hay indicios de responsabilidad es una obligación impulsarlos. No taparemos ninguna acción corrupta de nadie”.

Luis Macas, consejero del Transitorio, señaló que, en su caso, además de la normativa para la lucha contra la corrupción, trabaja en plantear reformas para limitar lo que él denomina el ‘superpoder’ que tiene el poder Ejecutivo.

Por su parte, Germán Rodas, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, dice que el Cpccs-t debería buscar que las normas para la lucha contra la corrupción sean obligatorias, para que la Corte Nacional de Justicia, cada cierto tiempo, sea evaluada. Esto se debería hacer por ley.

Otro punto que debería plantearse, dice Rodas, es que se fortalezca el papel de la Fiscalía. “Se le debe dar posibilidades para que existan fiscales anticorrupción en el país”.

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