La tarde de este miércoles, 4 de abril del 2018, los integrantes de la Fenaje manifestaron su desacuerdo con la resolución del Cpccs. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
Cerca de 7 500 plazas en el país eran parte de los concursos de méritos y oposición para elegir funcionarios de la Judicatura y la Fiscalía. Eliseo García, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador (Fenaje), indicó que unas 20 000 personas participaban en estos procesos a cargo del Consejo de la Judicatura, y que por pedido del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio fueron suspendidos.
La tarde de este miércoles, 4 de abril del 2018, los integrantes de la Fenaje manifestaron su desacuerdo con la resolución del Cpccs. Afirman que la decisión ha causado preocupación entre los servidores judiciales que están participando y que venían trabajando por años bajo la modalidad de contratos.
“Muchos funcionarios están bajo contratos ocasionales por seis y hasta ocho años. Cada año hay que estar mendigando para mantener la continuidad de personal que ya tiene experiencia. Por eso hemos peleado dos años por este concurso. Respetamos el mandato popular, pero están afectando nuestra estabilidad”, indicó García.
Lenin Pilalot, presidente alterno de la Fenaje, sugirió que pudo establecerse una veeduría o una auditoría del proceso para no afectar a los participantes. “Los funcionarios judiciales se han venido capacitando y han obtenido con recursos propios la documentación necesaria para participar en estos concursos”.
En la mañana, el presidente del Cpccs, Julio César Trujillo, anunció que “se acabarán los concursos mañosos”. “Esos en los que no confía nadie y mucho menos la gente calificada, pues hasta tienen miedo que en estos concursos salgan ganadores los que deberían ser perdedores”, dijo.
Según la disposición del Cpccs, los vocales del Consejo de la Judicatura: Gustavo Jalkh, Néstor Arbito, Ana Peralta, Rosa Jiménez y Alejandro Subía deben presentar un informe de gestión, desde su designación hasta la actualidad, en un plazo de siete días desde la notificación.
Además señala que se suspenden los concursos que se hayan iniciado y se encuentren en curso hasta que finalice la evaluación. “En caso de inobservancia de la resolución, se considerará incumplimiento de funciones y se procederá a la terminación inmediata de sus periodos”.
El Presidente de la Fenaje advirtió que estarán atentos a la notificación que llegue al Consejo de la Judicatura para luego tomar acciones constitucionales. Detalló que se estarían vulnerando los artículos 176 y 181 de la Constitución, que dan atribución a la Judicatura para realizar los concursos.
Para este fin de semana estaba prevista la fase de pruebas en el concurso de fiscales provinciales, que tenía cerca de 500 vacantes. Los aspirantes ya habían pasado las fases de requisitos de admisión y valoración de puntajes.
El resto de plazas son de tipo administrativo, en la Judicatura: secretarios, ayudantes, coordinadores, sicólogos, entre otros cargos.