Para los próximos cuatro años, el régimen anuncia un consejo político de comunicación y una agencia de noticias como ejes de la estrategia para reforzar su estructura mediática como herramienta de difusión y afianzamiento de su proyecto ideológico.
La decisión es coherente con el discurso del Primer Mandatario, quien mantiene una dura posición contra los medios independientes y a los cuales, en una actitud generalizadora e injusta, endilga una serie de epítetos y calificativos con el propósito de restarles credibilidad frente a la sociedad.
Aunque aún no se conocen los nombres de quienes integrarán el consejo, la manera en que el Gobierno se ha manejado en cuanto a comunicación hace suponer que los miembros responderán a los conceptos que, en ese campo, sostienen el Jefe de Estado y los dirigentes del oficialismo, quienes, en el Congresillo o en la próxima Asamblea, tienen en sus manos la posibilidad de promulgar leyes destinadas a que el Estado aumente su capacidad de control e influencia, no solo en los contenidos de la prensa bajo administración del régimen sino de todos los medios.
Por el momento, voceros del oficialismo anticipan que el futuro consejo buscará articular las agendas de las instituciones estatales con los contenidos de los medios gubernamentales. La intención, dicen, es tener una sola política de comunicación que permita “llegar directamente a los mandantes”.
Pero hay algo más de fondo: pese a que la retórica del poder habla de una “revolución ciudadana”, nada se dice acerca de la participación directa de los ciudadanos en esos procesos comunicacionales, pues en la práctica esos espacios están siendo copados desde el Gobierno.