20 de diciembre de 2020 00:00

Femicidios: solo en el 37% de casos hay condenas

Ruth Montenegro es madre de Valentina, una niña de 11 años, que fue víctima de femicidio en el 2016. Foto: cortesía.

Ruth Montenegro es madre de Valentina, una niña de 11 años, que fue víctima de femicidio en el 2016. Foto: cortesía.

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Ana Belén Rosero
Redactora (I)

Un nombre tras otro. Maribel, Rocío, Estefanía, Carla. En el video aparecen sus fotos, sus historias. Todas fueron víctimas del femicidio. Sus familiares y grupos de mujeres proyectaron las imágenes en el parque El Ejido, en Quito. El viernes (18 de diciembre del 2020) recordaron cómo murieron y exigieron que sus procesos judiciales avancen.

El nombre de Valentina aparece en esa lista. Es una niña de 11 años que fue hallada sin vida en el patio de una escuela quiteña. Ruth Montenegro recuerda que el 23 de junio del 2016 presentó la denuncia por el deceso de su hija. Cuatro años después, el caso sigue en la primera fase de la indagación.

Recuerda que al inicio, un fiscal quiso cerrar el caso. Igual ocurrió con una segunda agente que tomó la causa. Lo impidió y desde entonces trata de monitorear cómo avanza todo.

Testimonios como estos se repiten entre los familiares. De hecho, solo en el 37% de 439 casos judicializados desde el 2014, cuando entró a regir esta figura legal, hay sentencias condenatorias. El resto de causas aún está en investigación.

Otras han sido archivadas, prescribió la acción penal, los procesados fueron sobreseídos o se los declaró inocentes.

En las oficinas judiciales consta, por ejemplo, el caso de Angie Carrillo, una joven de 19 años que fue golpeada y asesinada por su exnovio. Ocurrió en enero del 2014. Su cuerpo fue hallado en una quebrada de Carcelén, en el norte de Quito.

Su madre, Yadira Labanda, recuerda que vivía en Riobamba y tuvo que mudarse a la capital para estar pendiente de los avances del proceso judicial. Durante dos años y medio el caso permaneció en investigación reservada.

María del Carmen Mugmal recuerda que Brigith, su hija, fue asfixiada y arrojada a un río en el cantón Rumiñahui. Foto: cortesía.

María del Carmen Mugmal recuerda que Brigith, su hija, fue asfixiada y arrojada a un río en el cantón Rumiñahui. Foto: cortesía.


En mayo del 2016, el exconviviente de Angie fue imputado y un año después condenado a 34 años. El sentenciado apeló y solicitó la nulidad de lo actuado. Argumentó que la muerte ocurrió antes de que el femicidio esté tipificado en el Código Penal. Los jueces resolvieron que el caso regrese a la primera etapa de la indagación.

Este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe que establece que en países de América Latina, entre ellos Ecuador, “existe un patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial en casos de violencia contra mujeres. La gran mayoría de casos carece de una investigación, sanción y reparación efectiva”.

Otro caso que reposa en las oficinas judiciales es el de Brigith Tituaña, una joven de 22 años. Su madre, María del Carmen Mugmal, contó que el pasado 7 de abril su hija fue asfixiada y arrojada al río San Pedro, en Rumiñahui, Pichincha.

El esposo fue procesado por femicidio, pero aún no hay sentencia. La pandemia frenó el avance del proceso judicial.

Fiscales aseguran que la demora en los procesos se produce principalmente porque los sospechosos se fugan.

Según la normativa penal, el femicidio no puede ser juzgado en ausencia del procesado.

Estefany Dueñas murió en Cuenca el 29 de julio del 2019 tras ser golpeada. El sospechoso huyó y el caso está parado.

Los familiares de Cinthia Zula, otra víctima del femicidio, esperan que se haga justicia y que el caso no quede impune. Javier Culqui es tío de la joven de 15 años. Él recuerda cada detalle de lo ocurrido. Su sobrina desapareció el pasado 2 de enero. Su cuerpo fue encontrado a los tres días en el sector de El Teleférico, en el noroccidente de la capital. Tenía golpes en la cabeza.

Culqui cuenta que desde ese día acudieron a diario, junto con la madre de Cinthia, a la Fiscalía y a la Dirección de Muertes Violentas (Dinased), para averiguar cuándo se iban a realizar las diligencias del caso. “Fuimos a la reconstrucción de los hechos, asistimos a la toma de versiones e incluso estuvimos el día que allanaron la casa del sospechoso”.

La familia de Cinthia Zula no se rinde y se planta ante al Estado para que el femicidio de la adolescente se haga justicia. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO

La familia de Cinthia Zula no se rinde y se planta ante al Estado para que el femicidio de la adolescente se haga justicia. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO

El compañero de clases de Cinthia fue acusado del hecho y en julio pasado fue sentenciado a siete años de cárcel, por ser menor de edad. Sin embargo, apeló la condena y luego presentó un recurso legal de casación en la Corte Nacional. Su objetivo es ser declarado inocente. La audiencia para resolver este pedido se realizará este martes.

Por eso, el 15 de diciembre, los familiares y amigos de la joven realizaron un plantón afuera del alto Tribunal, en Quito. La idea fue pedir a los jueces que ratifiquen la sentencia en contra del procesado en este caso.

En agosto de este año, la Defensoría del Pueblo exhortó al presidente Lenín Moreno y a la Función Judicial a fortalecer las acciones de prevención, investigación, sanción y reparación integral a las víctimas del femicidio.

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