23 de diciembre de 2019 00:05

Concesionaria de Buenos Aires, en Imbabura, no puede entrar al sitio

En julio del 2019, el Gobierno decretó el estado de excepción en Buenos Aires, en Imbabura, por la minería ilegal. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

En julio del 2019, el Gobierno decretó el estado de excepción en Buenos Aires, en Imbabura, por la minería ilegal. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Evelyn Tapia
Vanessa Silva
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En noviembre del 2017 el personal de la minera Hanrine Ecuadorian Exploration & Mining, subsidiaria en Ecuador de la empresa australiana Hancock Prospecting Pty, comenzaba los primeros recorridos de exploración por la concesión de 19 220 hectáreas (ha) del proyecto de cobre Imba, ubicado en Imbabura.

En ese momento, un par de campamentos pequeños llamó la atención del equipo que exploraba una de las zonas de esta concesión en la que la empresa se comprometió a invertir USD 234 millones en exploraciones durante cuatro años. Sin embargo, al poco tiempo comenzaron las amenazas al personal y, desde entonces, la empresa no pudo volver a ingresar.

Un año y ocho meses después el Gobierno declaró en estado de emergencia a esa zona, que hoy se conoce como Buenos Aires. Se identificaron 27 grupos de minería ilegal y delitos como tráfico de armas, de químicos y lavado de dinero.

La empresa aún no puede ingresar a la zona ni llevar a cabo los procesos de exploración. Desde el 2017, la compañía ha pagado patentes mineras y ha realizado inversiones por unos USD 300 000 solo en Buenos Aires y USD 5 millones en toda el área de concesión.

José Agusto Briones, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, reconoce que la salida de la minería ilegal “es teórica”, pues aún se registran intentos de incursión en la zona. “Cortaron la carretera con una retroexcavadora, pero se logró neutralizar”.

Stevie Gamboa, asesor legal de la empresa australiana, lamenta que el Gobierno no haya entregado una hoja de ruta para conocer cómo proceder luego del desalojo, por lo que la concesión se ha visto afectada. Esto se debe a que los trabajos de exploración se hacen en toda la zona de manera conjunta.

Imba está formado por cinco áreas. Buenos Aires, que representa el 25% de las ha de la concesión, se identifica como Imba 2.

Gamboa añade que por los daños ambientales y sociales, la empresa espera que Buenos Aires sea excluida de la concesión y la maneje el Estado. “Es inmanejable para una empresa privada involucrarse con problemas delictivos, de paramilitarismo, de contaminación y pasivos ambientales”, señala.

El Ministro de Energía manifestó que a través de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom ) se está levantando información sobre la afectación ambiental y añadió que le gustaría reunirse con los representantes de la empresa para que la inversión represada se reactive.

Un memorando de Arcom, con fecha del 3 de septiembre pasado, detalla que un técnico del ente realizó una inspección en la zona. “No existe minería ilegal, sin embargo, se aprecian posibles pasivos ambientales como piscinas relaveras, acumulaciones de escombros y basura, así como material reciclable metálico”, dice el informe del técnico.

Además, el funcionario recomienda que el Ministerio de Ambiente intervenga para evidenciar la magnitud del impacto y la mitigación correspondiente.

Según Gamboa, aún no se conoce si esa intervención se realizó y cuáles son los resultados del análisis.

El asesor de la compañía añadió que no es competencia de la empresa hacerse cargo del análisis y remediación de los pasivos ambientales que dejó la actividad minera, aunque estima que los daños en ese aspecto pueden llegar a unos USD 200 millones, una cifra similar a la inversión comprometida para los cuatro años de exploración.

La empresa denuncia varias falencias de las autoridades en el caso. En enero del 2018, la minera pidió un amparo administrativo; esto es, un recurso para pedir ayuda al Estado cuando identifica minería ilegal y que la fuerza pública haga los desalojos. Aunque se les concedió el recurso, Gamboa cuenta que en la práctica no se ejecutaron acciones hasta julio del 2019, cuando se dispuso el estado de excepción.

En marzo pasado,Hanrine  tuvo que pedir la suspensión del proyecto; esto es un mecanismo para que no rija el plazo otorgado para las tareas de exploración. Aún no se ha levantado esa suspensión.

A pesar de los problemas, Hanrine dice que seguirá invirtiendo en la exploración de este proyecto de cobre, aunque las cifras de inversión podrían ajustarse.

El área destinada para este proyecto de extracción de cobre es casi 23 veces el tamaño del Parque Samanes, el principal pulmón verde con el que cuenta en la actualidad la ciudad de Guayaquil.

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