El Régimen busca obtener liquidez en este año al concesionar hasta por 20 o 30 años centrales como Sopladora. Foto: EL COMERCIO
Hasta fines de este año, al menos tres hidroeléctricas públicas se pondrán a disposición del capital privado para atraer liquidez.
Sopladora, Manduriacu y Ocaña están dentro de la lista de activos del Estado donde habrá un proceso de desinversión o apertura hacia capitales privados, según una presentación efectuada por el presidente Rafael Correa durante su Informe a la Nación del martes pasado.
En este contexto, la concesión es la figura que el Régimen analiza para que se hagan cargo empresas interesadas en las hidroeléctricas.
Esto lo dijo el ministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda en una entrevista concedida ayer a este Diario. “El fin último no es tener una hidroeléctrica, sino asegurar la energía para el país”, aseguró el funcionario al indicar que la soberanía energética del país está garantizada en esta operación.
“Seguramente será la figura de concesión. En la estructura legal de Ecuador, cuando un privado da un servicio público como la generación eléctrica lo hace bajo la modalidad de un contrato de concesión”, puntualizó.
Aunque aún no están determinados todos los detalles del proceso, la concesión podría ser de entre 20 a 30 años dependiendo del modelo económico y financiero. Se descarta además que funcione bajo la directriz de una empresa mixta con el Estado.
Por la concesión, el Régimen recibiría un monto determinado y a cambio se asegurará para la empresa, además del manejo de la hidroeléctrica, un contrato de compraventa de energía con el Estado con una tarifa por kilovatio hora.
Aunque el proceso aún está en una etapa preliminar, el Régimen se ha puesto como plazo hasta finales de este 2016 para concretar la concesión de estos activos.
Dentro del diseño del proceso se encuentra además del Ministerio de Sectores Estratégicos, los ministerios de Electricidad y Finanzas.
Para determinar el valor de la concesión se tomará como referencia la inversión realizada en la construcción de las centrales, los flujos que generará a futuro por la venta de energía, la tarifa que pagará el Estado y lo que está dispuesto a pagar el inversionista.
“Estamos evaluando los escenarios y tendremos definido el proceso de selección en las próximas semanas”, dijo Poveda al insistir en que no se descarta la inclusión de otras centrales como el mismo Coca-Codo Sinclair, la obra emblemática de generación del Régimen que comenzó a operar al 50% de su capacidad en abril pasado y que operaría a plena capacidad desde julio.
Sopladora tiene un avance del 99% y comenzará a operar desde junio próximo, indicó el vicepresidente Glas.
Manduriacu y Ocaña ya operan desde el 2015 y el 2012, respectivamente. Entre las tres centrales el Estado ha invertido más de USD 1 000 millones para su construcción.
Los artículos 24, 25 y 26 de la Ley del Sector Eléctrico, que entró en vigencia en enero del 2015, establecen que el Ministerio de Electricidad podrá autorizar la participación de empresas públicas internacionales en actividades de generación, distribución y transmisión de energía.
También, señala que podrá delegar “de forma excepcional, a empresas, de capital privado, la participación en actividades del sector eléctrico”. La norma, además, autoriza al Ministerio a suscribir contratos de concesión con empresas privadas.
Para el catedrático de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica, Jesús Játiva, la concesión de las centrales contradice el discurso inicial del Régimen que priorizaba la participación del Estado en actividades del sector.
Añadió que a escala internacional fusionan dos tipos de modelos para la construcción de hidroeléctricas. El primero, tipo BOT (Construcción, Operación y Traspaso, por sus siglas en inglés), donde un privado corre con el riesgo y los costos de construcción de la hidroeléctrica, la opera y le cobra una tarifa al Estado. Y un segundo modelo tipo DBO (Diseño, Construcción y Operación), donde el Estado contrata la construcción de la central y luego la recibe corriendo con el financiamiento y los riesgos. “En ningún caso, el Estado construye para luego pasarla a un privado para que opere”.
Játiva insiste en que la empresa que opere Sopladora “ganará un negocio redondo” porque no solo recibirá la central sino también los beneficios de los embalses de Mazar y Amalusa que se encuentran aguas arriba.
Es decir, que prácticamente tendrá asegurada la producción de energía y la venta al Estado sin correr riesgos.
Finalmente, dijo no creer que el resto de centrales como Manduriacu tengan ofertas porque son centrales de pasada sujetas a estiaje.
