23 de julio de 2020 16:34

Concejo Metropolitano de Quito no aprobó la ordenanza para suspender la Revisión Técnica Vehicular este 2020

El Concejo Metropolitano de Quito debatió la mañana de este jueves 23 de julio del 2020 la normativa que buscaba que el certificado de la RTV del 2019 sirviera también para este año

Imagen referencial. El Concejo Metropolitano de Quito debatió la mañana de este jueves 23 de julio del 2020 la normativa que buscaba que el certificado de la RTV del 2019 sirviera también para este año. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

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Evelyn Jácome
Coordinadora (I)

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Con 10 votos a favor, dos en contra (incluido el del alcalde Jorge Yunda), cinco abstenciones y cinco ausencias, el proyecto de ordenanza que buscaba suspender la Revisión Técnica Vehicular (RTV) para los carros particulares y que los vehículos de transporte público realicen solo un chequeo en lugar de dos, fue desaprobado.

El Concejo Metropolitano de Quito debatió la mañana de este jueves 23 de julio del 2020 la normativa que buscaba que el certificado de la RTV del 2019 sirviera también para este año, con el objetivo de evitar aglomeraciones que pudieran propagar el contagio del covid-19.

La propuesta de ordenanza había sido discutida y aprobada en primer debate la semana pasada, pero en esta ocasión, los ediles no lograron ponerse de acuerdo. Así, el proyecto deberá volver a la Comisión de Movilidad para ser modificado tomando en cuenta las observaciones de los concejales.

Una vez que se hayan incorporado dichas puntualizacione, deberá ser aprobado puertas adentro de la Comisión, para luego, una vez más, ser puesto a consideración del Concejo Metropolitano. Nuevamente deberá pasar el primer y segundo debate, para poder ser aprobado.

Analía Ledesma, miembro de la Comisión de Movilidad, considera que faltará tiempo para poder hacer todo ese proceso, y que si no se logra un acuerdo, los cerca de 570 000 autos que forman parte del parque automotor de la capital, deberán realizar el trámite.

El desacuerdo entre los ediles giró básicamente en torno a tres puntos: el pedido de los representantes del transporte púbico de no presentarse a la RTV este año, a la carencia de la infraestructura para dar el servicio seguro a los más de 50 000 vehículos que forman parte del transporte público y comercial, y finalmente, dudas sobre la competencia que tiene el Municipio sobre ese tema.

El vicealcalde Santiago Guarderas, en representación de la Comisión de Movilidad, expuso el proyecto de ordenanza. Aseguró que el lunes, la comisión recibió a los representantes del transporte público y comercial para conocer sus pedidos.

Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha, dijo que el gremio se sentía discriminado ya que la propuesta contemplaba la eliminación del trámite únicamente para autos particulares. “Nosotros vamos a arriesgarnos a contagiarnos si vamos a los centros de revisión”, aseguró.

La Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, a la que pertenecen todas las modalidades de transporte público, comercial, taxis convencionales y ejecutivos, carga liviana y pesada, transporte escolar e institucional envió un comunicado al Concejo.

El documento decía que los centros de revisión se verán abarrotados si este servicio de transporte se ve obligado a hacer el trámite. Señaló que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ha confirmado que no existen las condiciones de seguridad adecuadas para recibir a los usuarios. El gremio argumentó, además, que los dos centros que se habilitarían para recibirlos están en dos de las siete parroquias con más contagios del Distrito y que hay un alto porcentaje de transportistas mayores de 60 años y con enfermedades crónicas, lo que los vuelve vulnerables.

Guarderas aseguró que luego de la reunión que mantuvieron el lunes se decidió incluir en la normativa un artículo que permita garantizar la seguridad para evitar el contagio cuando este grupo se acerque a realizar la RTV.

Y que se deberá emitir un protocolo de bioseguridad de cumplimento obligatorio en el que se tendrá que considerar varios puntos. Entre ellos, la asignación de citas virtuales para evitar aglomeraciones, la verificación de datos habilitantes en línea, la conducción directa de los vehículos por parte de sus propietarios para las distintas pruebas y la notificación en línea de la aprobación o del informe de observaciones.

Por su parte, Juan Manuel Aguirre, director de la AMT, explicó que, según las proyecciones que maneja la entidad respecto al transporte comercial y público, históricamente, hay un porcentaje del 35% de vehículos que no aprueban la RTV a la primera, por lo que deben hacer un segundo chequeo. De ellos, el 15% hace una tercera revisión. Y el 10% debe incluso presentarse a una cuarta. Así, 51 009 vehículos se presentarían a la primera, 17 000 a la segunda, 2 677 a la tercera y 267 a la cuarta. De modo que en total, en los cinco últimos meses del año, se deberían revisar casi 71 000 autos.

Dijo, además, que debido a las restricciones del semáforo amarillo solo podrá trabajar el 50% del personal de manera presencial y el centro de revisión podrá habilitarse al 30% de su capacidad, es decir, 4,2 vehículos cada 15 minutos. Con esas restricciones, los dos centros de revisión que cuentan con la infraestructura necesaria para poder inspeccionar a vehículos pesados, como buses, camiones, y a autos como taxis, no avanzarán a dar el servicio al total de vehículos públicos y comerciales.

“En el caso de que se apruebe la ordenanza, se violarían los derechos de los transportistas ya que los vehículos deberían pagar la tasa y no se les podrá realizar el servicio”, finalizó.

Pero hay un problema adicional: para dar el servicio se debería contratar personal para atender en los centros porque estaba concesionado y al momento el contrato está en fase de liquidación. Además, se tardará al menos un mes más en poner a punto el centro de Cristianía para que pueda dar el servicio de manera adecuada y segura.

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