Según Nebot, el Municipio no tiene competencia para establecer leyes, pero confía en que este proyecto sea recibido por los jefes de las bancadas de la Asamblea Nacional. Foto: Archivo / EL COMERCIO
El Concejo Cantonal de Guayaquil aprobó en segundo debate la resolución denominada Proyecto de ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana. Lo hizo por unanimidad en la sesión que se efectuó este jueves, 7 de diciembre del 2017.
Dicho proyecto tiene por objetivo entregar a la Asamblea Nacional y al presidente Lenín Moreno propuestas para ayudar a reducir los índices de secuestro, robo y asesinato, además el respeto a la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer y la familia. También se busca elevar la pena al reincidente en los delitos.
La iniciativa es promovida por el alcalde Jaime Nebot y los 15 concejales cantonales entre los que constan del PSC-MG y AP.
“Procedimientos como la abstención de acusar por parte de los fiscales, procedimientos abreviados, el abuso de la sustitución de la prisión preventiva por vías ridículas y el famoso de la caducidad que aquí se respeta pero se complementa para evitar que se convierta en un instrumento de burla a la sanción de los delincuentes, eso se corta en esta iniciativa”, indicó Nebot.
En esa línea, el proyecto –por ejemplo- establece que vencido el plazo de caducidad de la prisión preventiva los jueces ordenarán la privación de la libertad del mismo sujeto, a efectos de hacer realidad el derecho de la víctima a la justicia.
También que el procedimiento abreviado no se aplicará para los delitos contra la inviolabilidad de la vida, secuestro en sus diferentes tipos, delitos sexuales, violencia contra la mujer, ni los diversos tipos de robo.
Mientras, que la facultad del fiscal de abstenerse de iniciar la investigación penal procede en los casos de los delitos de secuestro en sus diversos tipos, delitos contra la inviolabilidad de la vida y de robo. Ahí la investigación fiscal penal se ejecutará a través del sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses.
“El cual deberá reportar en forma inmediata al respectivo fiscal sobre la marcha y resultados de la investigación”, establece la síntesis de la iniciativa municipal.
En tanto la contravención por violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar se castiga con privación de libertad de 150 a 30 días y no de siete a 30 días como está establecido actualmente, según el proyecto.
En tanto, la utilización de niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad o con discapacidad para obligarlas a exhibir su cuerpo con fines de naturaleza sexual se castiga con pena de siete a diez años, en lugar de cinco a siete como está vigente.
Según Nebot, el Municipio no tiene competencia para establecer leyes, pero confía en que este proyecto sea recibido por los jefes de las bancadas de la Asamblea Nacional.
Previo la aprobación, el concejal oficialista Gustavo Navarro hizo un pedido para que se incluya en el documento que no se permita que en los delitos flagrantes se permita tapar el rostro de quienes hayan cometido trasgresiones en los delitos antes mencionados.