29 de septiembre de 2020 16:08

Concejo de Quito pide a Emgirs un informe sobre convenios de atención a afectados por relleno sanitario de El Inga

En el relleno sanitario de El Inga empezará la construcción del cubeto número 10.  Con la obra se pretende evitar que se derramen los lixiviados (líquido producto de la descomposición de la basura).  Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

El Concejo Metropolitano de Quito solicita un informe sobre los convenios de atención a afectados por el rellano sanitario en El Inga. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Daniel Romero

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El Concejo Metropolitano de Quito aprobó una resolución en la que exhorta al alcalde de Quito, Jorge Yunda, a solicitar un informe sobre el cumplimiento de los convenios entre el Municipio y las comunidades afectadas por el relleno sanitario de El Inga.

La Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos Integral (Emgirs) será la encargada de emitir dicho informe, según lo establece la resolución del Concejo.

La mañana de hoy, martes 29 de septiembre del 2020, el cuerpo edilicio abordó la situación de las comunidades afectadas directa e indirectamente por la operación del relleno sanitario a propósito de la exposición sobre la situación que se vive en esos sectores por parte de uno de los moradores.

Carlos Asipuela, presidente de la Junta de Coordinación Barrial Tolontag- Marco, dijo ante el Concejo que viven “en condiciones desfavorables” por la afectación causada a la salud de sus habitantes, de sus cultivos y de los animales.

El representante de esa comunidad manifestó que no se los ha tomado en cuenta para los sistemas de compensaciones. “Solicitamos que se busque una solución al problema y se nos vuelva a incluir en los convenios de la compensación”, indicó Asipuela.

La resolución con la que se hizo el exhorto al Alcalde fue propuesta por la concejala Analía Ledesma. El Concejo la aprobó con 19 votos a favor.

En el documento también se plantea que la Emgirs remita al Concejo Metropolitano las autorizaciones ambientales previas al 2016, la licencia ambiental, los estudios de impacto y el plan de manejo ambiental. Esto último, sobre todo, en lo que tiene que ver con las relaciones comunitarias.

La Emgirs decidió construir cinco piscinas para almacenar lixiviados (sustancia que resulta de la descomposición de la basura). El objetivo es evitar un daño ambiental por un posible desborde.

En junio pasado, la Emgirs adjudicó un contrato por USD 549 675 a la empresa Villacapria. Así, en 60 días, los lixiviados recibirían un tratamiento físico-químico para convertirlos de sustancias tóxicas a desechos ambientalmente manejables.

Villacapria solicitó en agosto la terminación por mutuo acuerdo del contrato, ya que la Emgirs no había desembolsado el anticipo. También argumentó que las condiciones químicas de los lixiviados ya no eran las mismas que cuando se firmó el contrato.

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