Foto: Archivo EL COMERCIO
La polémica en el Concejo Metropolitano se avivó una vez más. En esta ocasión, debido a un cuestionamiento del concejal Antonio Ricaurte hacía parte del contenido del programa televisivo en el que participa el edil Mario Guayasamín, que se transmite por Gama Tv.
A decir de Ricaurte, se incitó a la ciudadanía para reclamar al Municipio sobre el tema del predial. Sin embargo, más allá del tema del tributo municipal, volvió a la palestra la legalidad de que un edil del tenga un empleo adicional a su labor de fiscalización en el Cabildo.
Ricaurte, pese a la crítica sobre el tema del predial, no puso reparos en que Guayasamín ejerza tanto el rol para el que fue electo, como el de comunicador.
Las dos tareas, dijo el líder de Vive, no se contraponen en tanto el miembro de País sea objetivo.
Guayasamin, por su parte, reiteró que está facultado para tener un empleo adicional.
No obstante, el abogado Miguel Puente hizo una precisión: los ediles no están impedidos de percibir un ingreso adicional, siempre y cuando no sea en otra institución pública.
Pero, en este caso, puntualizó, el funcionario percibe una remuneración del Municipio y, además, un salario de un canal incautado por el Estado. Los fondos de GamaTv están sujetos al control público.
Guayasamín afirmó que es un medio incautado pero la figura no es la de una entidad pública, “en el organigrama del canal esta bajo un fideicomiso y se maneja como empresa privada”.
El analista económico Jaime Carrera acotó al tema que cualquier empresa que tenga más del 50% de acciones de propiedad del Estado puede ser considerada como publica.
Pero, en el caso de los canales incautados, agregó Juan Carlos Solines, abogado y experto en temas de comunicación, no cambiaron la figura legal; es decir, siguen laborando como empresas públicas. Eso sí, como indicó Puente, están sujetas al control del Estado.