24 de September de 2009 00:00

La Conaie rechaza la ley de País

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Se prohíbe toda forma de privatización del agua. Tampoco  se reconocerá ninguna forma de apropiación o de posesión individual o colectiva sobre este recurso, cualquiera que sea su estado. 



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En ninguna  circunstancia habrá gestión privada e individual del agua. La que exista   deberá asimilarse a la gestión publica, dice el proyecto del Gobierno.
El proyecto  propone, además, que la Autoridad Única del Agua establecerá, de acuerdo con las normas internacionales, la cantidad mínima vital de agua por persona.
El agua  la gestionarán entidades como empresas públicas y otras entidades de derecho público, comunas, comunidades campesinas, organizaciones comunales o sistemas comunitarios
La Conaie  propone que la ley prohíba toda clase de contaminación de las aguas. Además, que es responsabilidad de los municipios el tratamiento de las aguas servidas .  
 
Así lo establece el art. 3 del proyecto de ley de Recursos Hídricos presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. La Comisión especializada de Soberanía Alimentaria analiza este documento.

Sin embargo, los movimientos sociales impugnan la propuesta gubernamental  y dicen que esta   viabiliza la privatización del agua.  El asambleísta de Alianza País   y dirigente de la Federación de Indígenas, Campesinos y Negros del Ecuador (Fenocin), Pedro de la Cruz, recordó que la propuesta oficial no afectará a las comunidades indígenas en el uso y aprovechamiento del agua. El proyecto, a su juicio, determina  que la gestión del agua puede ser   pública o comunitaria. 

Si bien la Conaie ha señalado  que sus observaciones no han sido tomadas en cuenta en el debate inicial de la Ley, la Comisión insiste en que reconocerá algunas de las propuestas planteadas por la  organización indígena.

Una de ellas tiene que ver con  la sanción a los responsables de la contaminación del agua, que no consta en el proyecto del Ejecutivo. También se incluirá  la  creación del  Fondo de Agua.

Otro de los temas polémicos, según la Conaie,    es que  la  iniciativa  del oficialismo  daría  prioridad al uso del agua para la actividad minera. De la Cruz contradice esta versión argumentando una  orden de prelación. “Primero  el consumo;  segundo, el  riego;  tercero, el  caudal ecológico y, cuarto,  actividades productivas y económicas”.

El proyecto del oficialismo crea también la Autoridad Única del Agua como organismo responsable de la rectoría, planificación, gestión, regulación y control de los recursos hídricos.
 
Esta entidad fijará anualmente los límites mínimo y máximo dentro de los cuales los gobiernos municipales deberán fijar el valor  de la  tarifa de consumo.
 
La Conaie, a más de rechazar la presencia del Gobierno en esta Autoridad,   propone que el Estado garantice la gratuidad del consumo de este recurso.

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