19 de noviembre de 2020 16:02

Conaie y Confeniae expresaron su desacuerdo con proyecto de la Defensoría del Pueblo

La Conaie y la Confeniae  exigieron que se garantice el derecho al consentimiento de las comunidades para proyectos extractivos. Foto: Facebook/ Conaie Comunicación.

La Conaie y la Confeniae exigieron que se garantice el derecho al consentimiento de las comunidades para proyectos extractivos. Foto: Facebook/ Conaie Comunicación.

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Redacción Política

La dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y de la Confeniae, su filial en la Amazonía, exigieron este jueves 19 de noviembre del 2020 que se garantice el derecho al consentimiento de las comunidades para proyectos extractivos, dentro del proyecto de Ley de Consulta Previa.

“Si el derecho al consentimiento no está estipulado en una ley, el Estado prácticamente se reserva el derecho de poder expresar (su autorización) en cualquier tipo de materia prima o proyecto extractivo”, dijo Andrés Tapia, vocero de la Confeniae.

El dirigente agregó que no están de acuerdo con un proyecto que impulsa la Defensoría del Pueblo, "ya que carece de legitimidad y desconoce la postura de pueblos y nacionalidades".

El presidente de la Conaie, Jaime Vargas, y Marlon Vargas, de la Confeniae, en una rueda de prensa, amenazaron con convocar a protestas si no se recogen sus criterios para la elaboración de este proyecto.

Además, arremetieron en contra del Gobierno y la Asamblea, desconociendo su legitimidad, y llamaron a la Corte Constitucional a que convoque a una audiencia pública sobre las acciones de protección que presentaron 16 comunidades de Pastaza sobre este tema.

Los dirigentes rechazaron que la Corte diera un "plazo corto" al Parlamento para que apruebe esta norma, sin haber escuchado los criterios de las comunidades “sobre los estándares obligatorios de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado”.

Dentro de la Asamblea Nacional, el trámite de este proyecto de Ley está detenido desde hace algunos años. “Se debe poner en conocimiento del Pleno para que se lleve a cabo la consulta prelegislativa sobre este proyecto”, explicó Marcela Aguiñaga (RC), integrante de la Comisión de Derechos Colectivos que elaboró el informe para el primer debate.

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