Miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y de la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador durante una rueda de prensa este 11 de febrero del 2016. Foto: EL COMERCIO
El 4 de febrero del 2016, cerca de las 10:00, Rosario Wari, una mujer shuar de 95 años, fue llevada desde su anterior casa, en la parroquia Tundayme, a la residencia de una de sus hijas en el cantón El Pangui, territorios en la provincia de Zamora Chinchipe. Pero existen dos versiones del traslado efectuado por personeros de los ministerios de Minas, Salud e Inclusión Social.
La mañana de este jueves 11 de febrero, integrantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y de la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi) brindaron una rueda de prensa sobre el hecho. La agrupación marca lo sucedido como un “desalojo realizado por la minera china Ecuacorriente”.
Luis Sánchez, presidente de Cascomi, indicó que está acción es el tercer desalojo de esta entidad “apoyada por el Estado” a familias de la comunidad shuar en Tundayme, por el proyecto minero Mirador que se realiza en la zona. Recordó que en septiembre del 2015 fueron desalojadas 16 familias y en diciembre del mismo año, otras 15.
Sobre el caso de Wari explicó que la mujer “fue sacada de su casa a la fuerza”. Y que ahora “vive una crisis emocional y sentimental por salir de su tierra por primera vez luego de vivir ahí por más de 90 años”. Incluso, explicó que Manuel Mashendo, uno de los hijos de la anciana, ha pedido ayuda a los representantes de la comunidad para que su madre vuelva.
Sin embargo, esta no es la versión que maneja el Estado ecuatoriano. El Ministerio de Minería, en su portal digital, publicó un boletín de prensa sobre el hecho titulado: “Adulta mayor shuar pasó de la indigencia a tener un hogar junto a sus hijas”.
El comunicado indica que Rosario Wari fue llevada al domicilio de una de sus hijas, María Isabel Mashendo, ubicado en El Pangui. Y que la acción se realizó por pedido de María Isabel y su hermana, María Teresa, quienes habrían solicitado el apoyo de instituciones del Estado para trasladar a su madre “desde una choza levantada, sin autorización, en terrenos pertenecientes al Ministerio de Defensa del Ecuador”.
Además, el boletín aclara “que la adulta mayor nunca fue parte del proceso de servidumbre ejecutado por la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom)”.
Natalia Yépez, abogada que representa a la comunidad, ratificó que este traslado fue un desalojo. Y que nunca recibieron una notificación legal de su realización. Por lo que se cometió una violación de los derechos humanos de la mujer y sus familiares. Así como de la dimensión cultural de los pueblos indígenas.
Yépez informó que empezarán una acción de protección ante los organismos de justicia nacionales para que Rosario, al igual que el resto de familias desalojadas, vuelvan a sus casas en Tundayme. El proceso se llevará a cabo en El Pangui.
Por su parte, Jorge Herrera, presidente de la Conaie, indicó que más allá de los desalojos y de las acciones que emprenderán para el regreso de las personas a sus casas, lo que realmente busca la agrupación indígena es que Ecuacorriente y los demás proyectos mineros que se realizan en la Amazonía se suspendan. “El extractivismo no es la solución”, dijo.
Finalmente, expuso que la Conaie responsabiliza “al gobierno del presidente Rafael Correa por las medidas” futuras que tomarán para defender los territorios y la dimensión cultural indígena.
