La multitudinaria marcha avanzó sin problemas al Centro Historico de Quito. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), fundó la Asociación de Víctimas del Paro Nacional ‘Inocencio Tucumbi’ para “evidenciar las graves violaciones a los Derechos Humanos en el contexto de la represión estatal durante las protestas en el territorio ecuatoriano, entre el 3 y 13 de octubre del 2019”.
Así lo informó la organización en un comunicado este martes 10 de diciembre, fecha que se celebra el Día de los Derechos Humanos.
Una de las primeras acciones jurídicas que realizará esta asociación será una petición a la Corte Constitucional para se desclasifiquen los documentos relacionados con las jornadas de protestas en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles, establecido en el Decreto 883, firmado por el presidente Lenín Moreno, y posteriormente derogado.
“El Estado ha intentado deslegitimar nuestra lucha, culpar a las víctimas de ser las causantes de las agresiones, ha ocultado información, nos ha negado la verdad, razón por la cual, la primera acción jurídica que tomaremos es ante la Corte Constitucional una petición de Desclasificación de Documentos con Carácter de Reservado, Secreta y Secretismo”.
El objetivo de esta asociación es la “búsqueda de la verdad, justicia y reparación integral para las víctimas individuales y colectivas; y sobre todo, como un ejercicio de construcción de la memoria de todo lo ocurrido durante la represión estatal y en los actuales momentos de criminalización, persecución y estigmatización a la protesta”, señaló la Conaie.
Pidieron, además, que se investiguen las “muertes violentas“. “El Gobierno nos debe una explicación, la verdad es el primer paso a la justicia y la Conaie junto a su asociación de víctimas emprenderá acciones necesarias para lograrlo”, señaló.
“Exigimos saber la verdad, entre otros interrogantes, quién ordenó y ejecutó las detenciones masivas, arbitrarias e indiscriminadas, cuáles fueron las labores de inteligencia y contrainteligencia, acciones de seguimiento contra dirigentes sociales, notas diplomáticas con otros Estados, si se recibió o no apoyo militar y la actuación del Gobierno y Estado”.
Además, instan a las instituciones del Estado a “cesar de inmediato la persecución a dirigentes y manifestantes mediante el uso indebido del derechos penal y de la construcción de discursos amparados en la discriminación, la estigmatización y la mala fe”.
Asimismo, piden al “Estado Ecuatoriano que, de manera eficiente y efectiva, garantice la vida, integridad y seguridad de todas las personas que nos hemos manifestados y ejercido nuestros derechos y libertades públicas, sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial contra dirigentes del movimiento indígenas , niños, adolescentes y mujeres”.
Además, “instan al Estado ecuatoriano, y en un plazo determinado, a iniciar investigaciones independientes sobre las graves violaciones a derechos humanos cometidas por los miembros de la Fuerza Pública y atentadas o dispuestas desde el Ejecutivo”.
“Todos los funcionarios que por acción directa o omisión hayan tenido responsabilidad deberán ser debidamente sancionados por tribunales independientes y sin que medien fueros especiales o excepcionales”, agrega el comunicado.
El nombre de esta asociación se decidió mediante asamblea, lleva el nombre de Inocencio Tucumbi, dirigente comunitario del pueblo Kichwa Panzaleo de la provincia de Cotopaxi, que fue la primera víctima mortal del levantamiento indígena, “su muerte es consecuencia de la arremetida policial, sin embargo, la versión del Estado ha sido insistido en que se cayó intentando trepar a una casa. Su muerte será un símbolo de resistencia y tenacidad en la búsqueda de la verdad”.