El objetivo es que la Corte Constitucional acumule las causas a favor de su comunidad y la de los Woaoranis para sentar un precedente jurídico respecto a las consultas previas. Fotos: Cortesía Conaie
Representantes de las comunidades indígenas Cofán y Woaorani arribaron a Quito la mañana de hoy, jueves 13 de febrero del 2020 . Realizarán varias acciones en “defensa de sus derechos a una consulta previa y autodeterminación” respecto a la ejecución de proyectos extractivos en sus territorios.
Durante la mañana realizaron un plantón en los bajos de la Corte Constitucional (CC). Alex Lucitante, uno de los representantes de la comunidad Cofán, señaló que su objetivo es que la CC acumule las causas a favor de su comunidad y la de los Woaoranis para sentar un precedente jurídico respecto a las consultas previas.
En el fallo Sinangoe Cofán de noviembre de 2018 la Corte Provincial de Sucumbíos revertió concesiones mineras para exploración y explotación de oro, según los voceros de esa Comunidad. Esa decisión se tomó porque no hubo una consulta previa.
Representantes de las comunidades indígenas Cofán y Woaorani realizaron un plantón en los bajos de la Corte Constitucional.
Sobre el caso Woaorani, la Corte Provincial de Pastaza declaró, en julio de 2019, que los derechos a la consulta previa y autodeterminación fueron vulnerados. Los representantes de las comunidades también pidieron ser parte de las audiencias de la CC que se realizarán para emitir un dictamen sobre estas causas.
La voceras de la comunidad Woaorani también asistieron al Ministerio de Ambiente. Allí solicitaron que se respeten las sentencias emitidas a favor de sus territorios. Para las 15:00 de este jueves está previsto un nuevo plantón en los exteriores de la Contraloría General del Estado. Más tarde, a las 18:30, habrá un conversatorio en el Paraninfo de la
Ahora el propósito de analizar estas dos sentencias juntas es crear una metodología “adecuada” que permita escuchar la voz de los pueblos, refirió María Espinosa, abogada de las comunidades indígenas. En este proceso se espera que los jueces acudan a los territorios donde habitan estas comunidades y en función de eso se establezcan cómo se debe hacer una consulta previa.
Este tipo de metodología se debería aplicar cuando el Gobierno promueva actividades de aprovechamiento de los recursos naturales, debido a que para estas comunidades la consulta previa –vigente- no se aplica de la manera “adecuada”. Además, de que el pronunciamiento de las comunidades no tiene el carácter de vinculante.