Redacción Sociedad
Ecuador llevó una posición concluyente: que el Protocolo de Kioto siga vigente. Y con esa determinación coinciden los restantes 129 países pobres y en desarrollo, aglutinados en el Grupo 77+China, y que la mantienen en la Cumbre Mundial de Cambio Climático, que hoy cumple la primera semana de realización en Copenhague, Dinamarca.
Pero hay otro frente compuesto por los países ricos, en especial Estados Unidos, que presionan por el fin de este protocolo. Por ejemplo, eso ya se advirtió en noviembre en la última reunión mundial en Barcelona, España, y tomó fuerza en Copenhague.
La misión con que nació el Protocolo de Kioto fue convertirse en un instrumento para ‘motivar’ a los países desarrollados a reducir un 5,2% de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esos índices con relación a los niveles emitidos en 1990, aparte de que debe cumplirse entre 2008 y 2012.
Hasta hoy es el único mecanismo internacional para afrontar el cambio climático y minimizar sus impactos. Para eso obliga a los países industrializados a reducir las emisiones de los seis gases de invernadero de origen humano: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de los gases industriales fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).
Tras ser mentalizado en 1997, lo aprobaron 184 países. Para ese entonces, según el experto ecuatoriano Luis Cáceres, los científicos del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, en inglés) ya advirtieron sobre las alteraciones climáticas cada vez más extremas.
Pero de acuerdo con los reportes del IPCC, la mayoría de países no ha cumplido con los compromisos de reducir las emisiones.
Pese a reconocer que no ha sido del todo efectivo, Carolina Zambrano, secretaria de Cambio Climático de Ecuador, insiste en que el Protocolo de Kioto no debe ser eliminado. “El régimen jurídico legalmente vinculante (obligatorio) aún vigente es la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su Protocolo de Kioto. Este establece compromisos de reducciones y de la entrega de apoyos financieros hacia los países en desarrollo”.
Según Zambrano, quien integra la delegación ecuatoriana en Copenhague, la posición de Ecuador y del G77+China es poner en marcha un segundo período de compromisos, una vez que el primero finalice en 2012.
La nueva propuesta es que los países desarrollados reduzcan sus emisiones en más del 40% con relación a los niveles de 1990. Solo así se podrá evitar un incremento de la temperatura medial global de entre 4 y 6ºC, lo que a su vez traerá graves impactos como la subida del nivel mar y la consecuente desaparición de islas y ciudades costeras.
Cáceres considera que deben reforzarse las penalizaciones, como por ejemplo si un país no ha cumplido con lo establecido en el período de compromiso, sea acumulable para el siguiente que entraría en vigencia desde 2013.
Pero EE.UU., Rusia y otros países no están dispuestos a aceptar esas exigencias. Sus gobernantes temen que eso frene el crecimiento, más aún estando en plena la crisis económica mundial.
Para cumplir con las exigencias, las industrias deberán bajar su producción o invertir miles de millones de dólares en nueva tecnológica y uso de energías renovables. Eso explica el afán de las naciones desarrolladas es desaparecer al Protocolo de Kioto y negociar un nuevo acuerdo. En ese contexto, la propuesta estadounidense es reducir un 12% de sus emisiones pero únicamente con relación a las emitidas en 2005.
En cambio, la Unión Europea (UE) plantea una reducción de entre el 20% y 30% con respecto a 1990. Pero condiciona a la decisión que tome EE.UU.
Ivonne Yánez, activista de la Agencia Ecologista Tegantai, es radical al asegurar que el Protocolo de Kioto debe desaparecer, aunque no con los argumentos de países como EE.UU.
La convicción de Yánez es que más que priorizar la salvación de la Tierra ante los efectos del cambio climático, se convirtió en un juego de intereses económicos, a través de las negociaciones en el mercado de carbono.
Ese mecanismo permite que los países contaminantes adquieran bonos de carbono para compensar sus emisiones. Aparte de preferir a los grandes proyectos de China, India y Brasil, Yánez asegura que “esta es una forma solapada de evadir responsabilidades y de transferirlas a quienes sufren los impactos”.
Así, bajo ese panorama, se debate en Copenhague la suerte del Protocolo de Kioto. En esto, Latinoamérica, aunque sus miembros tengan diferencias propuestas (ver nota compartida con base en un informe de la BBC), juega un papel determinante.
Argentina
Tiene una postura crítica hacia los países industrializados que se niegan a reducir sus emisiones. No aboga por temas de cambio climático con tanta fuerza como Brasil y México, pero sí pide que se provea a los países en desarrollo de tecnologías adecuadas. No anuncia qué medidas adoptará para mitigar los efectos.
Bolivia
Su delegación es la que más hizo escuchar sus exigencias en Barcelona e igual ocurre en Copenhague. Hace énfasis en la responsabilidad histórica de los países ricos respecto al calentamiento global. Apoya la creación de un tribunal climático internacional que “haga a los países industrializados pagar su deuda climática”.
Brasil
Adoptó la postura -compartida por China e India- de que los países desarrollados deberían ser los primeros en hacer grandes reducciones de sus emisiones. No obstante, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva anunció que Brasil está dispuesto a reducir entre 36% y 39% de la cantidad de emisiones proyectada para 2020.
Chile
No establece plazos ni objetivos. Podría enfrentar presiones para que defina sus metas de mitigación. Pero eso será difícil, debido a sus crecientes inversiones en nuevas plantas de electricidad a carbón y las altas emisiones del sector del transporte. Hoy es considerado uno de los países con mayor desarrollo en Latinoamérica.
Colombia
En marzo se arriesgó y se unió a los pequeños Estados insulares al pedir a los países desarrollados que reduzcan en 45% sus emisiones para 2020, más allá del 40% que pide el G-77. Está a favor de soluciones de libre mercado a la deforestación y dispuesta a beneficiarse de los Mecanismos para un Desarrollo Limpio.
Costa Rica
Pionero en adoptar políticas verdes, pertenece a un pequeño grupo de países –junto con Noruega, Suecia, Islandia, Maldivas, Mónaco y Nueva Zelandia- que apuntan a 0 emisiones de carbono hacia 2021. Plantó 5 millones de árboles en 2007. Además, busca más fondos internacionales para evitar el avance de la deforestación.
Ecuador
Su propuesta emblemática es la iniciativa Yasuní-ITT, a través de la cual sugiere que la comunidad internacional (en especial los gobiernos europeos) paguen para que no explote el crudo en el parque Yasuní, que alberga cerca del 20% de las reservas de petróleo del país. Insiste en la vigencia del Protocolo de Kioto.
México
No integra el G77, en el que está la mayoría de naciones latinoamericanas. Junto con Costa Rica son los únicos en tener objetivos específicos y voluntarios para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero: del 50% para 2050 respecto a los niveles de 2002. Impulsa un “Fondo Verde” global para proyectos ecológicos.
Venezuela
El gobierno de Hugo Chávez culpa sin medias tintas al mundo capitalista por el calentamiento global. Pertenece al grupo de la OPEP, que tiende a oponerse a las medidas para conseguir bajas emisiones de carbono. Su “revolución energética” prevé reemplazar 50 millones de bombillas de luz por otros ahorradores.