Tras ser atendidos en la consulta externa de este hospital del Seguro Social, algunos pacientes se dirigen a la farmacia, en busca de medicinas. En ocasiones no hay en bodega. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
Para que la medicina oncológica llegue cada mes a las manos de Flor Guijarro ha pasado por un largo proceso. Uno de los mecanismos que más aplican los hospitales del IESS, para la adquisición de fármacos, es la subasta inversa, en la que un grupo de proveedores compite con sus ofertas en el portal de Compras Públicas.
Ese es el procedimiento tradicional. Pero hay otra vía rápida para adquisiciones “por emergencia”. Son los ‘convenios de pago’, ruta excepcional que, según denuncias de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), ha sido recurrente en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil.
Ricardo Ramírez, coordinador de la CNA capítulo Guayas, dice que estos acuerdos permitieron hacer compras “a dedo”, con proveedores no calificados y causando sobreprecios. “Por eso no hay presupuesto de salud que alcance. Lo que realmente cuestan los fármacos e insumos será 30% de lo que paga el IESS. El 70% es coima, reparto, saqueo”.
En la denuncia, presentada por la comisión ante la Fiscalía General del Estado, se menciona que este hospital firmó 141 convenios de pago en 2018. Por eso se pidió que se investiguen las compras desde el 2016, bajo los presuntos delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.
La tarde del miércoles, los pacientes de consulta externa salieron de la farmacia con sus medicamentos. Flor, quien sigue un tratamiento por cáncer, también recibió la receta completa. “Hoy sí hubo todo. Pero en agosto y septiembre dejé el tratamiento porque no había”.
Según la denuncia de la CNA, los convenios de pago firmados desde 2016 representaron casi USD 100 millones. “Es una cuestión criminal -dice Ramírez-. No solo se llevan la plata sino que, por ejemplo, implica que no hay dinero para atender a los pacientes con enfermedades catastróficas”.
La Fundación Hemofílica Ecuatoriana (Fundhec) no solo ha denunciado la falta de medicina sino que ha cuestionado su calidad. Su gerente, Javier Córdova, dice que con medidas de protección evitan que 46 afiliados con hemofilia del centro reciban factor VIII, de una generación inferior a la estandarizada en el país. Es un fármaco de origen biológico.
La hemofilia es un mal catastrófico caracterizado por un defecto en la coagulación. A la semana un paciente requiere dos transfusiones de factor VIII, para evitar hemorragias que pueden atrofiar sus articulaciones, entre otros riesgos.
Comisión Anticorrupción denunció irregularidades en Teodoro Maldonado Carbo
Carmen Freire, directora de Fundhec en Guayas, asegura que también han descubierto presuntos sobreprecios en la adquisición de esta medicina. Se refiere a una orden de compra de 729 unidades por las que el hospital pagó USD 999 655 en enero de 2018.
“Es preocupante que nos hagan ver como pacientes ultracostosos; el presupuesto que nos asignan corre riesgo”.
La CNA ha identificado irregularidades similares en otros hospitales del IESS. Ramírez revela una denuncia en Los Ceibos por 1 100 kits de lactancia materna adquiridos en USD 360 cada uno; en el mercado no pasan de USD 110.
Un funcionario del hospital de Babahoyo denunció a un proveedor que supuestamente lo amenazó por no acceder a elevar el precio en facturas de insumos. Y en el de Milagro descubrieron que una proveedora de medicamentos estaría registrada como vendedora de abarrotes en un mercado. “Es testaferrismo”, dice Ramírez.
La denuncia de la CNA advierte que 33 proveedores del Teodoro Maldonado aparecen con frecuencia, tanto en convenios como en subastas. Todos habrían obtenido montos superiores a USD 1 millón, incluso sin registro sanitario. En el país esa cifra sube a 433 empresas bajo sospecha.
A estos casos se suma el del exdirector médico del Teodoro Maldonado, golpeado días después de pedir la salida de dos personas ajenas al hospital, que tenían un espacio en el departamento de Compras. El funcionario fue suspendido.
Esa es una medida que tomó el IESS frente a las quejas por corrupción. Los altos directivos de las 101 unidades médicas del país fueron separados.
El presidente del Consejo Directivo, Paúl Granda, anunció hace más de una semana que el Comité de Ética y Transparencia ha recibido 54 casos. Y que además han pedido investigaciones a la Fiscalía y a la Contraloría, desde años atrás.
Una de las medicinas que necesita Flor cuesta USD 140. Otra vacuna que se inyecta cada mes supera los 3 000. “Si no la recibo aquí no puedo seguir el tratamiento”.