El antiguo Palacio de Justicia está en ruinas y se utiliza como parqueadero. Luce así desde hace dos años. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO
El antiguo Palacio de Justicia en Quito está en ruinas; se conservan solamente sus paredes de piedra. El interior sirve como parqueadero para funcionarios de la Asamblea y la planicie que se ubica al frente tiene el mismo fin. Las habitaciones que servían para albergar a los trabajadores que construían el nuevo Complejo Legislativo están vacías. La construcción de la obra, por el momento, está paralizada.
A finales del 2012, el entonces presidente de la Legislatura, Fernando Cordero, lanzó un ambicioso proyecto urbanístico que se consolidaría como un referente de la infraestructura de la revolución ciudadana. Era un complejo que uniría, con un corredor peatonal, el parque El Ejido con La Alameda. También, incluía la construcción de dos bloques de parqueaderos, un edificio de oficinas -para que los legisladores no estuvieran dispersos- y dos plazas.
El 27 de diciembre del 2012, se adjudicó el contrato al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para la construcción del proyecto por USD 39 092 644. La rehabilitación de la casa histórica
Lasso Conto costó USD 1 152 692 y el contrato se adjudicó en marzo de ese año. Se dijo que la obra integral estaría lista a mediados del 2013. Pero 27 meses después, apenas el 40% de la obra ha avanzado.
¿Qué factores incidieron en el retraso en este Complejo? El informe DAAC-0061-214 de la Contraloría que analizó los procesos de contratación entre octubre del 2008 y mayo del 2013 da más detalles: ahí se establece que los servidores de la Asamblea no realizaron estudios ni determinaron la conveniencia del contrato con el Cuerpo de Ingenieros, desde los puntos ‘técnico y económico’. Además, el plazo inicial de
seis meses para terminar la obra, según la Contraloría, no “estuvo ajustado a la complejidad y realidad del proyecto”.
Hay asambleístas que consideran que uno de los errores de la Legislatura anterior fue haber contratado a una empresa estatal, pues en un eventual conflicto, este se convertiría en una lucha del Estado contra el Estado. Entre enero y abril del 2013, la Asamblea Nacional multó con USD 2 604 661 al Cuerpo de Ingenieros por los retrasos, producto de la falta de personal técnico ofertado, metodología de trabajo, tecnologías utilizadas, procesos de construcción…
Pero la entidad aseguró que no se pueden imponer multas, pues la inexactitud en los estudios entregados por la Asamblea y la poca capacidad de respuesta para solucionar inconvenientes fue “una fuente permanente de retrasos”.
Entre las irregularidades detectadas por la Contraloría también consta que el Cuerpo de Ingenieros permitió que una empresa privada ejecutara los trabajos de construcción sin estar facultada legalmente.
Este Diario envió, el martes pasado, al equipo de Fernando Cordero, hoy ministro de Defensa, un cuestionario sobre este tema pero no recibió respuesta. También fue contactado el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, pero el despacho de Comunicación argumentó que por la agenda de sus autoridades no era posible concretar una entrevista.
‘La obra terminará el 2016’
Gabriela Rivadeneira asumió la Presidencia de la Asamblea en mayo del 2013, con la construcción del Complejo Legislativo pendiente. Ella suscribió un contrato modificatorio
ampliando el plazo de construcción en 348 días. No obstante, el 18 de octubre del 2013, el proyecto se detuvo por “serias dificultades encontradas en sus múltiples procesos”.
Dos meses más tarde, el Consejo de Administración Legislativa dio por terminada, por mutuo acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros, la construcción del Complejo. Y en febrero del 2014 se firmó un convenio con el Servicio de Contratación de Obras (Secob) para delegarle la ejecución del Complejo. La Administración de Rivadeneira se propuso culminar la obra en diciembre del 2016.
Paúl Ayora, actual administrador de la Asamblea, asegura que cuentan con todos los estudios técnicos para retomar el proyecto. La obra está paralizada y, según el calendario interno, en 70 días más se contratará a la constructora que deberá finalizar el Complejo, cuatro años después de haberse iniciado los trabajos.
La Administración de la Legislatura asegura que en estos 70 días se conocerán los nuevos costos que se debe invertir para culminar el Complejo. Ayora dijo que están en el proceso de liquidación del contrato anterior y “se ha iniciado el traspaso de la información”.
La Legislatura advierte que hay el presupuesto necesario para esta obra, pero hay intención de abaratar los costos de la construcción en lo que se refiere al tema de acabados.
Por su parte, los legisladores esperan que el proyecto concluya pronto, en especial aquellos que tienen sus oficinas alejadas del Palacio Legislativo. Diego Salgado (Creo) criticó que los retrasos se deben a la falta de estudios técnicos y que después de dos años no se establezcan sanciones ni responsables claros.
Otras, como la primera vicepresidenta, Rosana Alvarado (Alianza País), dijo que no ha visitado el Complejo hace un buen tiempo pero que es una obra que continúa. Aunque no se atreve a establecer fechas tentativas…