En el contexto político de Ecuador, los juicios políticos son procedimientos que tienen como objetivo evaluar la responsabilidad de funcionarios públicos de alto nivel, como el presidente, vicepresidentes, ministros y otros altos cargos.
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En los últimos días varios cambios se realizaron en el contexto de los juicios políticos, primero la activación al juicio político de Diana Salazar, seguido de la suspensión del proceso a Mónica Palencia.
La Asamblea Nacional procesará primero el juicio político contra la fiscal general Diana Salazar antes que el de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Esta decisión se basa en las medidas cautelares otorgadas por un juez constitucional, que ordenaron la suspensión temporal del proceso contra Palencia.
La Comisión de Fiscalización deberá esperar el momento procesal adecuado para retomar este trámite.
Contexto sobre los problemas
El 3 de septiembre, Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, notificó al juez Édgar Romero que no se convocará a sesiones ordinarias para tratar el juicio político de Palencia hasta que sea el momento procesal correspondiente.
Esta decisión cumple con la sentencia que concede una acción de protección tras el archivo de tres juicios políticos contra ministros del gobierno anterior. La Comisión de Fiscalización espera una resolución del Consejo de Administración Legislativa para seguir con los juicios pendientes.
El juicio político contra Salazar fue solicitado por la asambleísta Gissela Garzón, quien la acusa de incumplimiento de funciones en varias investigaciones. Jorge Acaiturri, del PSC, comentó que el Consejo de Administración Legislativa aguarda un informe técnico antes de proceder con el trámite. Por su parte, el bloque socialcristiano adelantó que no apoyará la censura y destitución de la fiscal general en el pleno.
Comisión de Fiscalización hará nuevo análisis
Este sábado 7 de septiembre, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional tiene previsto reunirse de forma virtual a partir de las 10:30.
En la sesión, se analizará la sentencia del juez Edgar Romero, quien ordenó reactivar los juicios políticos contra exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Estas acciones fueron previamente archivadas por la comisión legislativa tras la retirada de firmas de apoyo.
La decisión del juez Romero responde a una acción de protección presentada por la asambleísta oficialista Inés Alarcón. En su fallo, el juez determinó que los juicios políticos deben retomarse en el orden inicial, lo que incluye el juicio contra la fiscal Diana Salazar, quien solicitó la reactivación del proceso tras superar problemas de salud.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) acogió esta petición y recomendó su unificación, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos.
Integrantes de la Comisión de Fiscalización reciben multa por demora en juicios políticos
La Unidad Judicial Penal de Quito, con sede en la parroquia Quitumbe, impuso una multa a los miembros de la Comisión de Fiscalización por no cumplir con una sentencia.
La sanción, anunciada por el juez ponente Edgar Javier Romero Salazar, se fundamenta en la falta de acciones claras para sustentar los juicios políticos contra exministros y exsecretarios de Estado, tal como lo estipulaba la resolución judicial.
La multa impuesta corresponde al 50% de una remuneración básica unificada del trabajador en general y será de carácter compulsivo y progresivo.
Esta sanción económica se incrementará cada día que persista el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la sentencia. La decisión del juez se basa en lo dispuesto en el artículo 132 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), que regula las sanciones por desacato a órdenes judiciales.
Orden de los juicios políticos en la Asamblea Nacional
De seguir la orden del juez para continuar los juicios políticos de los funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso, así debería seguir de esta manera:
