27 de agosto de 2018 00:00

El Comité de Protección para Periodistas genera debate

El relator especial de la Cidh, Édison Lanza (izq.), se reunió con autoridades del Gobierno el jueves pasado. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

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Redacción Política

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Entre gremios de los profesionales de la comunicación y organismos internacionales hay expectativa por la intención del Gobierno de conformar un Comité Interinstitucional para la Protección del Trabajo Periodístico en el país.

Susana Piedra, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas (Fenape), espera que en esa instancia sean incluidos representantes del sector y no solamente funcionarios del Ejecutivo y el Consejo de la Judicatura.

Para mañana (28 de agosto del 2018) se tiene prevista una reunión de un grupo de colaboradores de medios en Quito, a fin de definir las acciones y pasos a seguir en este tema.

Según el anuncio del secretario de Comunicación, Andrés Michelena, la firma del acuerdo se dará esta semana.

El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), Édison Lanza, manifestó que este organismo está dispuesto a apoyar esta iniciativa y concordó en que la sociedad civil debe ser incluida.

De hecho, en el informe preliminar del relator, al concluir la semana pasada una visita de cinco días al país, se da unas “líneas básicas” para que ese Comité pueda funcionar.

Por otra parte, señala que “la investigación de los ataques a la prensa debería percibirse como un aspecto esencial de todo programa de protección”.

La Relatoría de Libertad de expresión recomienda que el Gobierno asegure la capacitación al personal que esté involucrado en este Comité Interinstitucional sobre cómo cumplir sus obligaciones de protección a periodistas y que entiendan la importancia del rol de los periodistas en la sociedad.

Además, señala que es indispensable que las metodologías de evaluación de riesgos incluyan un enfoque diferenciado que tome en cuenta los riesgos específicos que sobrellevan ciertos grupos de periodistas, incluidas las mujeres periodistas y los periodistas comunitarios o de medios indígenas.

La idea es que no se repitan hechos como los secuestros o amenazas a la labor de los profesionales de la comunicación en el país.

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