26 de junio de 2019 22:15

Comité de DDHH señala que estado de excepción 'no ha sido medida idónea' para enfrentar crisis carcelaria

Los exteriores del Centro de Rahabilitacion Social Zonal 8, en Guayaquil. Foto: Maro Faustos / EL COMERCIO

Los exteriores del Centro de Rahabilitacion Social Zonal 8, en Guayaquil. Del 1 enero al 17 junio del 2019 el CDH registra 17 crímenes a escala nacional. Foto: Maro Faustos / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

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El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) reitera su alarma por el “agudo deterioro de las condiciones de vida” de la población privada de libertad. Lo hizo en el marco de la conmemoración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, que se celebra este jueves 26 de junio.

En un comunicado difundido esta tarde señala que la crisis está caracterizada primordialmente por el agudo hacinamiento y hechos de violencia extrema. Esto configura “un evidente estado general de tortura sufrida por este grupo de atención prioritaria”.

El organismo menciona que el sistema carcelario en Ecuador, con capacidad para albergar a 28 500 personas, actualmente acoge a más de 40 000 reos, con serias denuncias sobre un inadecuado suministro de alimentos, agua y atención médica.

Del 1 enero al 17 junio del 2019 el CDH registra 17 crímenes a escala nacional y en las dos cárceles ubicadas en Guayaquil ocurrieron 14 de los casos.

Según el Comité, el estado de excepción para el sistema carcelario, vigente desde el 16 de mayo de 2019, ha provocando la suspensión del régimen de visitas y la incertidumbre de las familias que llegan a diario por información a los centros carcelarios, ahora cercado por militares.

Durante este estado de excepción, se registran hasta ahora dos motines en las cárceles de Guayaquil, con un saldo de 7 asesinatos cometidos con premeditación y crueldad y el secuestro temporal de 19 agentes del GIR de la Policía Nacional.

Frente a este escenario, el CDH recuerda las Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentadas al Estado de Ecuador en el Sexto Informe Periódico del 8 de agosto de 2017.

Concretamente, el párrafo 25 señala: “el Estado parte (Ecuador) debe incrementar sus esfuerzos con miras a continuar mejorando las condiciones de detención y a eliminar el hacinamiento, en particular asegurando la aplicación efectiva de las normas relativas a medidas alternativas de privación de la libertad. Así mismo, le recomienda que redoble sus esfuerzos para prevenir y poner fin a la violencia en los lugares de privación de libertad y que continúe asegurando que todos los incidentes de violencia entre reclusos, en particular los casos en los que haya habido muertes, sean investigados y los responsables sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos”.

El CDH considera que declarar el Estado de excepción “no es la medida idónea frente a la crisis carcelaria en el Ecuador. Por el contrario, los resultados han sido contraproducentes, al no evitar muertes a sangre fría en aparente modalidad de ajusticiamiento, toma de rehenes de agentes de la fuerza pública e incomunicación prolongada de población carcelaria con el mundo exterior”.

Además, el CDH expresa su preocupación por la ausencia de información oficial por parte de las autoridades del Gobierno Nacional sobre la situación carcelaria, las medidas de seguridad, investigación y sanción por las muertes registradas que devuelvan la tranquilidad, principalmente a las familias de los privados de la libertad.

En Guayaquil, el pasado jueves 13 de junio se conformó la Mesa sobre Personas en Prisión y sus Familias integrada inicialmente por el CDH, la Pastoral Penitenciaria Arquidiocesana de la ciudad, la Pastoral Social Cáritas, el Programa de Educación a Distancia de la Universidad Católica, Fundación Paz y Esperanza. La intención es articular experiencias y capacidades ciudadanas sobre el trabajo en las cárceles y realizar acciones de sensibilización sobre la situación de personas privadas de la libertad y sus familias en el Ecuador.

En tanto, el Gobierno anunció que continuará la reclasificación de reos según su peligrosidad y la adquisición de equipos tecnológicos para las cárceles del país.

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